La Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido un comunicado informando sobre su investigación en torno al caso de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, y el supuesto secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada. Según la FGR, Ovidio Guzmán fue liberado de prisión dos días antes del presunto secuestro de Zambada, el 9 de agosto de 2024. Actualmente, la FGR desconoce el estatus jurídico de Guzmán debido a la falta de información por parte de las autoridades estadounidenses.
La secuencia cronológica de los eventos, elaborada por la FGR, revela que tras el presunto secuestro de Zambada por parte de Joaquín Guzmán López, el embajador de Estados Unidos en México confirmó públicamente que Zambada había sido llevado a Estados Unidos contra su voluntad. Posteriormente, el abogado de Zambada, Frank Pérez, publicó una carta del Mayo en medios estadounidenses detallando su secuestro.
La FGR también mencionó que el 16 de agosto de 2024, el Fiscal General de Estados Unidos informó que Ismael Zambada llegó al país en contra de su voluntad y que Joaquín Guzmán López había hecho varias propuestas para entregarse a las autoridades estadounidenses. Además, la FGR descubrió que la avioneta utilizada para transportar a los presuntos capos a Estados Unidos tenía matrículas falsas, lo que constituye una de las varias irregularidades del vuelo.
Ante estos hechos, la FGR está investigando la vinculación entre la situación y ubicación de Ovidio Guzmán, la participación de su hermano Joaquín en el presunto secuestro de Zambada, y las irregularidades relacionadas con el avión utilizado. La colaboración con las autoridades estadounidenses es crucial para esclarecer el estatus de Ovidio Guzmán en Estados Unidos.
En relación al asesinato de Héctor Melesio Cuén y los presuntos escoltas del Mayo Zambada en Sinaloa, la FGR planea citar a los integrantes de la Fiscalía de Sinaloa. La Fiscalía local había declarado que el asesinato de Cuén estaba relacionado con el robo de su vehículo, sin embargo, la FGR buscará obtener información adicional y precisa sobre la actuación de los servidores públicos involucrados en el caso.
La investigación se centra en aclarar los hechos y responsabilidades relacionadas con estos eventos, que han generado un clima de tensión y sospecha en el ámbito de la seguridad y justicia en México.
