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miércoles, septiembre 10, 2025

FGR se declara incompetente en caso de migrante desaparecido; ONG y ONU condenan decisión

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La Fiscalía General de la República (FGR) decidió cerrar su participación en la investigación por la desaparición de Marco Antonio Amador Martínez, migrante hondureño desaparecido en Tamaulipas en 2013, al declararse “incompetente” para continuar con el caso. La decisión ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, así como por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED).

La FGR notificó el pasado 28 de abril que no encontró elementos que vincularan el caso con delincuencia organizada, por lo que remitió la carpeta a la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, al considerarlo un delito del fuero común. Esto contradice la Acción Urgente 1650/2023 del CED, que exige coordinación federal para la localización de Marco Antonio.

Organizaciones como Fundación para la Justicia, Amnistía Internacional México y Cadalpiotz calificaron la decisión como un retroceso en el acceso a la justicia para la familia. Señalan que ahora la madre de Marco, Mary Martínez, deberá trasladarse desde Honduras hasta Tamaulipas para dar seguimiento al caso, asumiendo los riesgos personales y económicos que eso implica.

“Las desapariciones de migrantes en México no pueden tratarse como delitos comunes. Hay un patrón sistemático que debe ser investigado con perspectiva regional y federal”, expresó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

La familia, con el acompañamiento legal de Fundación para la Justicia, ha interpuesto un recurso de amparo para revertir la decisión de la FGR. Se espera una resolución judicial en los próximos días.

Además del caso de Marco Antonio, la Fundación ha documentado múltiples casos en los que la Fiscalía se deslinda de investigar desapariciones de migrantes, incluso cuando estos son impulsados desde el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI).

Marco Antonio fue visto por última vez el 11 de marzo de 2013, cuando un grupo armado lo obligó a bajar de un autobús en la carretera entre Nuevo Laredo y Reynosa.

“Mi hijo se fue buscando un futuro mejor. Cada día sin saber de él es una tortura. Las madres solo queremos encontrarlos”, expresó Mary Martínez.

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