Pese a las críticas de la oposición, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó las reformas y adiciones a doce artículos de la Constitución para transferir el control de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El proyecto de reforma, aprobado en lo general con 22 votos a favor y 18 en contra, elimina la denominación de la Guardia Nacional como una «institución policial de carácter civil» y la redefine como una «fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial».
Las reformas otorgarán a la Guardia Nacional la facultad constitucional de investigar delitos, en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno. La iniciativa establece que la Guardia Nacional, ahora bajo el control de la Sedena, deberá actuar en el ámbito de su competencia para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y su actuación se regirá por normas y principios de seguridad pública con un compromiso estricto hacia los derechos humanos.
Durante la discusión en lo particular, se presentaron 21 propuestas de modificación por parte de la oposición, las cuales fueron rechazadas por los legisladores de Morena y sus aliados, quienes solo aprobaron una reserva del diputado morenista Salvador Caro. Esta reserva reafirma la coordinación en materia de seguridad entre el gobierno federal y las autoridades estatales y municipales.
A pesar de los esfuerzos del bloque mayoritario por buscar consenso, los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su firme oposición a la reforma, argumentando que representa una militarización de la seguridad pública y de la Guardia Nacional.
Los legisladores de Morena y el Partido del Trabajo (PT) hicieron un llamado a la oposición para apoyar la reforma, argumentando que proporciona al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum los instrumentos necesarios para combatir el crimen y garantizar la paz en el país.
En la exposición de la iniciativa de reforma constitucional, el Ejecutivo justificó el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena como una medida para enfrentar la violencia e inseguridad causadas por el crimen organizado. Aclararon que la Guardia Nacional, bajo la Sedena, no asumirá funciones militares en estado de guerra o de excepción, sino que operará bajo principios de seguridad pública, respetando los derechos humanos y actuando siempre en el marco de la ley.
