El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y el FBI han iniciado una investigación penal sobre el presunto fraude en el programa de subvenciones climáticas de 20.000 millones de dólares presentado por el expresidente Joe Biden, según informó el viernes el Washington Post. La investigación se produce tras la promesa del presidente Donald Trump de «erradicar el despilfarro, el fraude y el abuso» en el gasto público.
La investigación se centra en el Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero, creado en virtud de la ley climática de 2022 de Biden para financiar proyectos de energía limpia y administrado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Según se informa, la investigación se inició después de que el nuevo administrador de la EPA, Lee Zeldin, denunciara públicamente que el dinero del fondo se desembolsó sin suficiente supervisión.
“Aproximadamente veinte mil millones de dólares de sus impuestos fueron depositados en una institución financiera externa por la EPA de Biden”, dijo Zeldin en una declaración el 13 de febrero, comprometiéndose a “revisar cada centavo que ha salido por la puerta”.
“Se acabaron los días en que se arrojaban cantidades irresponsables de dinero a grupos activistas de extrema izquierda en nombre de la justicia ambiental y la equidad climática”, afirmó, y agregó que su agencia intentaría recuperar el dinero de Citibank, que era el encargado de desembolsar los fondos.
Según el Washington Post, que cita fuentes cercanas a la investigación, hasta ahora la investigación ha estado plagada de desafíos. Si bien el Departamento de Justicia tiene la autoridad para congelar activos, sólo puede hacerlo cuando tiene evidencia de que pueden vincularse a un delito.
La semana pasada, el Departamento de Justicia se puso en contacto con Denise Cheung, una importante fiscal federal penal de DC, para presentar una solicitud de orden judicial para congelar los fondos. Sin embargo, Cheung renunció en lugar de cumplir la orden, argumentando que el Departamento de Justicia carecía de pruebas. Posteriormente, el Departamento hizo que el abogado designado por Trump, Ed Martin, presentara personalmente la solicitud de orden de incautación, pero un magistrado lo denegó alegando falta de causa probable. Los esfuerzos de la oficina del fiscal general adjunto interino Emil Bove para iniciar una investigación del gran jurado y solicitar una orden judicial de congelamiento de los bancos también fueron rechazados por los fiscales.
Si bien no está claro si después de todo se concedió una orden judicial, al menos tres organizaciones que recibieron dinero del fondo informaron que sus cuentas de Citibank fueron congeladas sin explicación, según el medio de comunicación.
En el desarrollo más reciente, se informa que agentes del FBI interrogaron a empleados de la EPA sobre el fondo a principios de esta semana.
La investigación ha suscitado críticas de los demócratas, y el senador Sheldon Whitehouse ha pedido a Zeldin que cese sus esfuerzos por recuperar los fondos, argumentando que sus acciones son ilegales. Los expertos legales también han cuestionado el enfoque del Departamento de Justicia. Stefan D. Cassella, un ex fiscal federal especializado en decomiso de activos, describió la situación como
«extraordinaria y probablemente sin precedentes», subrayando que confiscar fondos sin una cláusula de probabilidad es ilegal.
