Trinidad y Tobago ha iniciado la deportación masiva de unos 200 migrantes venezolanos en situación irregular, como parte de una política migratoria más estricta motivada por preocupaciones de seguridad y saturación de recursos.
La primera ministra Kamla Persad-Bissessar firmó el memorando oficial a través del secretario de Seguridad Nacional, Videsh Maharaj, enviando a los afectados a un centro temporal antes de su repatriación por vía aérea.
Autoridades locales argumentan que la medida responde al aumento de actividades ilícitas asociadas a la migración, en el contexto de la crisis venezolana que ha expulsado a más de siete millones de personas. No se especificaron cargos individuales, pero la operación busca aliviar la presión sobre la isla caribeña.
El presidente venezolano Nicolás Maduro respondió con vehemencia, acusando a Persad-Bissessar de ser «alcahueta» de Estados Unidos y suspendiendo acuerdos bilaterales en gas natural, vital para Trinidad.
Maduro alega una «operación de falsa bandera» vinculada a tropas estadounidenses en la frontera marítima, atribuida a la CIA. Analistas temen impactos en la estabilidad energética regional, mientras la OEA urge al diálogo para mitigar tensiones en América Latina.
