El Senado chileno aprobó este lunes un proyecto de ley impulsado por el gobierno de Gabriel Boric para dar viabilidad a las aseguradoras de salud privadas, cuya continuidad quedó en entredicho debido a un fallo judicial en su contra.
El texto seguirá su trámite en la Cámara de Diputados, donde será discutido en marzo, tras el receso legislativo.
La crisis del sistema privado de salud se generó luego de que la Corte Suprema ordenara en noviembre de 2022 a las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) restituir a sus afiliados los cobros excesivos que ejecutaron durante años y, de igual forma, rebajar los precios de las primas de las Garantías Explícitas en Salud (GES).
Eso suponía un golpe valorado en casi 1.400 millones de dólares para para esas aseguradoras, que sostienen que si deben honrar esos pagos pueden ir a la quiebra y dejar a la deriva a más de tres millones de afiliados, de los más de 19 millones de habitantes que tiene Chile.
En dado caso, esos afiliados pasarían a ser absorbidos por el sistema público, lo cual sería difícil de sostener.
Por eso, el gobierno de Boric presentó el proyecto de ley en mayo de 2023 para tratar de resolver la crisis.
En diciembre, el mandatario insistió en que su gobierno busca una solución de «equilibrio» para que las Isapres tengan continuidad, pero sin que eso signifique «un perdonazo» de los cobros excesivos que hicieron a sus afiliados.
«El proyecto permite dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema. Esto quiere decir que, una vez aprobado, las personas van a ver una rebaja en sus cobros«, explicó la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
Chile tiene un sistema de salud mixto. El mercado de las Isapres, muy concentrado en un puñado de compañías y que da servicio sobre todo a la clase media y alta, fue creado en 1981, como parte de las reformas neoliberales instauradas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que supusieron un recorte severo del gasto público.
El grueso de la población acude al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), una contribución obligatoria del 7 % de los salarios, y se atiende en hospitales públicos.
