El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez Cresta, anunció una serie de medidas para purgar al Ejército, en medio de una serie de revelaciones sobre tráfico de armamento y de combustible.
Entrevistado en la emisora local Exitosa, Chávez Cresta informó que las Fuerzas Armadas detuvieron a un técnico del Ejército «que ha sido proveedor de armas» en el distrito de La Victoria, departamento de Lima.
El ministro expresó su «indignación» por lo sucedido e indicó que el oficial será dado de baja. «Debe ser tratado como un delincuente, le vamos a dar todo el peso de la ley e irá al Ministerio Público«.
Influencia en Ecuador
Desde que estalló la crisis de seguridad pública en Ecuador, en enero pasado, Perú ha sido mencionado en diversas ocasiones por el presunto contrabando de municiones. Recientemente, la Policía admitió que un arma peruana fue usada en el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio.
En este contexto, Chávez aseguró que en Ecuador «no hubo presencia de armamento ni munición» procedente de Perú, aunque admitió que sí se registraron «explosivos de procedencia peruana«, que no son producidos por las Fuerzas Armadas.
En Perú ya realizan una auditoría. Mientras tanto, el ministro de Defensa mencionó «presuntas irregularidades en pérdidas sistemáticas de granadas, de munición», aunque dijo que «no se ha podido determinar de armamento, porque está en investigación».
«Existe una probabilidad y una posibilidad de que haya tráfico y contrabando desde Perú a Ecuador, no lo podemos negar«, sostuvo Chávez.
Sobre el ‘gasolinazo’
El titular de la cartera de Defensa también respondió sobre el reportaje del dominical ‘Panorama’, en el que se desveló que un comandante del Ejército, de nombre Jimmy Grandez, habría ordenado extraer combustible de los vehículos militares para luego venderlo.
El funcionario reconoció que, apenas el programa le avisó el sábado de lo que iban a difundir al día siguiente, se tomaron las medidas correspondientes y Grandez fue separado de su cargo.
La información inicial implica a 12 militares en la compra de combustible, en un caso bautizado por la prensa como ‘gasolinazo’. «La responsabilidad directa es del comandante, pero también se traslada al nivel de inspectoría, que debió haberlo detectado y no llevó a cabo las acciones que debió hacer en su momento«, añadió Chávez.
La «masacre» de Ayacucho
Chávez juró como ministro de Defensa el 21 de diciembre de 2022, una semana después de que se registrara una protesta antigubernamental en la región de Ayacucho, donde murieron 10 personas y están señalados miembros del Ejército.
En mayo de 2023, la CIDH consideró que esos hechos, «al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre«.
Interrogado al respecto, el funcionario contestó que no le «corresponde pronunciarse sobre un hecho que está en investigación«, pero aseveró que han «proporcionado toda la información y todas las facilidades al Ministerio Público«.
Lo que sí manifestó es que han aplicado «todos los procedimientos para que hechos de esa naturaleza no se vuelvan a presentar y no vuelvan a ocurrir«.
