La cruzada de los terratenientes y ganaderos brasileños para amasar más tierras sigue este jueves en el Congreso, donde la bancada ruralista intentará anular los vetos del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva a una ley, aprobada por el Legislativo, para dificultar la demarcación de cientos de tierras indígenas.
La ley en cuestión incluye la tesis del ‘marco temporal’, que establece que los pueblos indígenas sean expulsados de sus tierras en proceso de demarcación, en caso de que no demuestren que se encontraban en ellas antes del 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución.
Ese criterio, que pone en riesgo el futuro de cientos de reservas en Brasil, ya fue rechazado en septiembre por los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) en un juicio que duró más de dos años.
Lejos de quedarse de brazos cruzados, el poderoso sector del ‘agronegocio’, uno de los grandes responsables de la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro al poder en 2019, se movilizó a través de sus representantes en el conservador Congreso brasileño para aprobar, pocos días después, un proyecto de ley con ese mismo criterio. Eso abrió un choque entre poderes.
Un choque de poderes
En octubre, como era de esperar, Lula vetó la tesis del marco temporal y otros puntos de la ley, como los que permiten los cultivos transgénicos, la actividad minera o la construcción de carreteras en las tierras indígenas.
También dejó sin efecto el punto que obliga al gobierno a indemnizar a los ocupantes de tierras que terminen siendo demarcadas como reservas indígenas. Entre ellas hay muchas que fueron ocupadas ilegalmente para uso agropecuario.
La sesión de este jueves por la mañana es conjunta entre diputados y senadores, en cuyo orden del día figuran los vetos de Lula a ese proyecto de ley. Para anularlos se requiere una mayoría absoluta, es decir, 257 diputados y 41 senadores.
Si se anulan todos los vetos, la ley estaría apta para la promulgación, pero habría muchas posibilidades de que el Supremo la declarase inconstitucional.