Las importaciones de acero de Estados Unidos registraron una caída significativa durante 2025 como resultado de la política arancelaria aplicada bajo la Sección 232. De acuerdo con cifras oficiales, el valor de las compras externas sumó 25,091 millones de dólares, lo que representó un descenso de 21% frente al año previo. En términos de volumen, las importaciones retrocedieron 12.6%, reflejando el impacto inmediato de las restricciones comerciales.
La estrategia fue impulsada por la administración del entonces presidente Donald Trump, con el objetivo de frenar la entrada de acero extranjero al mercado estadounidense. Los principales países proveedores, entre ellos México, ya resienten los efectos de la medida, en un contexto de tensiones comerciales y ajustes en las cadenas productivas regionales.
Pese al debate político y empresarial sobre posibles modificaciones, la industria siderúrgica de Estados Unidos mantiene un respaldo firme a los aranceles. El Instituto Americano del Hierro y el Acero sostuvo ante el gobierno que las tarifas de la Sección 232 siguen siendo una herramienta clave para proteger la seguridad nacional, al considerar al acero un insumo estratégico para la industria, la infraestructura y la defensa.
El organismo también advirtió sobre distorsiones persistentes en el comercio global derivadas de subsidios y políticas industriales aplicadas por otros países. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos indican que el exceso de capacidad siderúrgica mundial alcanza 680 millones de toneladas métricas y podría llegar a 721 millones hacia 2027, lo que incrementa el riesgo de exportaciones a bajo precio.
Desde la óptica del sector, los aranceles resultan indispensables para evitar que ese exceso de producción genere aumentos abruptos de importaciones que afecten al mercado interno y pongan en riesgo la estabilidad financiera de la industria siderúrgica local.
En paralelo, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, reconoció que la administración evalúa ajustes a los aranceles de hasta 50% aplicados al acero y al aluminio. La revisión responde a la presión de empresas manufactureras y socios comerciales que enfrentan mayores costos por el encarecimiento de insumos.
Según explicó el funcionario, el análisis se centra en modificar la forma de aplicación de ciertas tarifas para facilitar el cumplimiento regulatorio, luego de que algunas compañías se vieran obligadas a incrementar sus gastos administrativos para cumplir con las normas comerciales. La intención, señaló, es evitar que los recursos se destinen a procesos regulatorios en detrimento de la actividad productiva.
