Estados Unidos emitió en 2024 unas 400,000 visas a estudiantes internacionales, de las cuales 15,000 fueron otorgadas a mexicanos. Esta población estudiantil extranjera genera más de 40 mil millones de dólares al año para la economía estadounidense, convirtiéndose en un motor clave para el sector educativo y comercial del país. Sin embargo, nuevas medidas migratorias más estrictas están generando tensiones legales, políticas y económicas.
Por primera vez en la historia, el gobierno estadounidense revocó 300 visas de estudiantes extranjeros por razones de «seguridad nacional», una decisión que ha provocado un fuerte debate legal y social. Muchos de los estudiantes afectados participaron en protestas universitarias, especialmente contra la guerra en Gaza. Aunque estas manifestaciones están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución —que garantiza la libertad de expresión—, las revocaciones parecen dirigidas específicamente contra estudiantes internacionales, lo cual plantea acusaciones de discriminación y represión ideológica.
Expertos legales advierten que esta nueva postura podría estar violando la Quinta Enmienda, al negar el debido proceso a los estudiantes afectados. En muchos casos, las revocaciones se han realizado sin previo aviso, sin derecho a audiencia ni posibilidad de defensa, lo que deja en entredicho si estos procedimientos son constitucionales. Aunque el gobierno tiene facultades amplias sobre asuntos migratorios, también se ha reconocido que los extranjeros dentro del país tienen ciertos derechos fundamentales, entre ellos, el debido proceso.
Este giro en la política migratoria marca una ruptura con enfoques anteriores, en los que se promovía la atracción de estudiantes internacionales por su valor académico, cultural y económico. Ahora, el temor a sanciones migratorias podría generar un efecto disuasorio, afectando la libertad de expresión en los campus y provocando una caída en el número de estudiantes extranjeros que eligen Estados Unidos como destino educativo. Esto no solo impactaría los ingresos de universidades y comunidades locales, sino que también pondría en riesgo el liderazgo educativo del país a nivel global.
