La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum incorpora delitos hídricos, elimina los bancos de agua y refuerza la vigilancia sobre el uso del recurso.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguró que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo acabar con el mercado negro de concesiones y el robo de agua, prácticas que afectan la disponibilidad del recurso y vulneran el derecho humano al agua.

Así lo señaló Óscar Zavala Gamboa, subdirector general de Asuntos Jurídicos de la Conagua, quien explicó que la iniciativa enviada al Congreso busca cerrar los vacíos legales que durante décadas han permitido el tráfico y uso irregular del agua.

Fin al mercado de concesiones

El funcionario recordó que la actual Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, favoreció un sistema mercantil del agua, donde particulares realizaban transacciones de concesiones al margen de la ley.

“Antes de 1992 existían apenas dos mil 500 títulos de concesión; hoy suman más de 536 mil, y hemos detectado cerca de 59 mil con irregularidades”, precisó Zavala.

La iniciativa propone eliminar los bancos de agua —mecanismos que permitían transacciones privadas de concesiones— y crear el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, encargado de recuperar y reasignar los volúmenes de agua conforme a criterios de disponibilidad y necesidad.

“Con esta reforma, la asignación del agua dejará de estar en manos de los particulares y regresará a ser una responsabilidad del Estado”, enfatizó el funcionario.

Delitos hídricos y sanciones más severas

Otro eje central de la propuesta es la creación de un capítulo de delitos hídricos, ya que el Código Penal Federal no contempla actualmente figuras específicas para castigar el robo, desvío o uso ilegal del agua.

Entre los nuevos tipos penales se incluyen:

• Explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales.
• Falsificación o uso indebido de títulos de concesión.
• Corrupción en el otorgamiento de permisos.
• Desvío o alteración de cauces naturales.

Las penas irán de uno a diez años de prisión y multas de 300 a 4 mil días, además de ser delitos perseguibles de oficio.

“No es lo mismo el huachicoleo del agua, que consiste en extraerla de forma ilegal, a que alguien use un título de concesión con otro fin. Ambos casos se sancionarán, pero con claridad jurídica”, explicó Zavala.

La reforma también propone aumentar las sanciones administrativas: de las actuales 260 a 26 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a un rango que podría llegar hasta 50 mil UMAs.

Hacia un nuevo modelo de gestión

Con la desaparición de los bancos de agua, el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales asumirá la tarea de reasignar los volúmenes recuperados. En este modelo, las transmisiones entre particulares serán sustituidas por procedimientos controlados por Conagua.

“Se elimina la lógica de mercado y se prioriza la gestión sustentable. El agua no es una mercancía, es un bien nacional”, sostuvo el subdirector jurídico.

La iniciativa también contempla la creación de un Registro Nacional del Agua, que consolidará los sistemas existentes y fortalecerá la transparencia en la administración del recurso.

Con estas modificaciones, el gobierno federal busca actualizar un marco legal con más de tres décadas de antigüedad y garantizar que la distribución y uso del agua en México se realicen con criterios de equidad, legalidad y sustentabilidad.