Este viernes, a las 11:00 de la mañana, el presidente el funciones y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, ha firmado con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) un acuerdo para que estos últimos apoyen la investidura del mandatario socialista.
Se trata del último pacto que le quedaba a Sánchez para asegurarse la mayoría absoluta en la investidura que se celebrará la próxima semana en el Congreso de los Diputados, y que le permitirá revalidar el cargo durante los próximos cuatro años.
Si nada falla en el último momento, los próximos 15 y 16 de noviembre tendrá lugar la sesión de investidura con el discurso en el que Sánchez desgranará las líneas de su futuro Gobierno, sucedido por el debate con todos los grupos parlamentarios y la posterior votación, para la que ya se ha asegurado los apoyos necesarios.
Avances en autogobierno y acuerdo para la legislatura
El PNV ha compartido una imagen de la rúbrica anunciando que el acuerdo que contiene «importantes avances en el ámbito del autogobierno, que protege la posición de las cooperativas vascas en el ámbito de la Seguridad Social y que incluye una contrapartida de 100 millones de euros para salto del euskera al universo digital«.
El presidente de la formación vasca, Andoni Ortuzar, ha comparecido en el Congreso de los Diputados tras la firma y ha asegurado que «es deseable que todas las fuerzas políticas» actúen «con altura de miras para defender la democracia y las instituciones«, justificando su acuerdo con el PSOE.
Ha destacado que se trata de «un acuerdo bueno para Euskadi«, porque hay «un nítido avance en el autogobierno» y se sientan «las bases para negociar el autogobierno futuro«, todo ello en un ámbito temporal máximo de dos años.
Además, ha señalado que se garantiza la negociación y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes, que se avanza en el reconocimiento de la nacionalidad de Euskadi y que los acuerdos que se alcancen entre ambos partidos deberán responder a los acuerdos del Parlamento vasco.
Entre las reivindicaciones históricas del PNV, recogidas en el acuerdo y destacadas por Orduzar, se encuentra la prelación de los convenios laborales colectivos autonómicos, la ampliación y refuerzo del convenio autonómico, el refuerzo de las competencias de la Policía regional vasca y el apoyo económico a la digitalización del euskera.
En respuesta a las preguntas de los periodistas, el político vasco ha rechazado las movilizaciones con actos violentos y con lemas de extrema derecha de las últimas jornadas y ha asegurado que no apoyará al Partido Popular (PP) en ningún ámbito, mientras sigan asociados a la ultraderecha de Vox.
Cascada de acuerdos
El acuerdo con el PNV, escenificado con la firma del propio Pedro Sánchez y el presidente de la formación vasca, Andoni Ortuzar, llega tras el pacto cerrado este mismo jueves en Bruselas con Junts per Catalunya, la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont.
La alianza con Junts se demoró más de lo previsto, con la ley de amnistía para los involucrados en el proceso secesionista que se vivió en Cataluña en 2017 en el centro de debate, una exigencia de la fuerza de Puigdemont para aportar sus siete diputados a la mayoría que dará la Presidencia a Sánchez.
Semanas antes el primer acuerdo del PSOE lo selló con Sumar, la plataforma de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, con quien acordó 230 medidas para reeditar un Gobierno de coalición progresista para la nueva legislatura.
La intención es que todos estos acuerdos vayan más allá de la investidura y sirvan para apuntalar cuatro años de gobierno en los que el Ejecutivo necesita el apoyo de todos los partidos que respalden a Sánchez la semana que viene, para asegurar la gobernabilidad del país y conseguir sacar adelante todas las iniciativas legislativas, incluidos los Presupuestos Generales del Estado.
En este sentido se enmarcan las fórmulas recogidas en los diferentes acuerdos, en el caso del firmado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se contempla la «estabilidad de la legislatura», y en el rubricado este jueves con Junts que recoge: «La estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones«.
El total, Sánchez se ha asegurado el apoyo de Sumar, ERC, Junts per Cataluña, EH Bildu –sin ninguna condición–, PNV y Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Coalición Canaria (CC). Esta última con un acuerdo confirmado este mismo viernes.
Confrontación de la derecha
En este escenario, la derecha y la ultraderecha están intensificando sus ataques al Partido Socialista. Las acusaciones verbales han subido de todo, del habitual «Gobierno ilegítimo«, utilizado durante la pasada legislatura, se ha pasado a acusar a Sánchez de «dictador», según las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid y miembro del Partido Popular (PP), Isabel Díaz Ayuso.
Además, durante la última semana las protestas han llegado a las calles. Por un lado, durante los últimos días se han producido concentraciones ante la sede nacional del PSOE, en la céntrica calle Ferraz de Madrid.
Han tenido el apoyo del partido de ultraderecha Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, se hizo presente en varias jornadas, y la participación de diversos grupos fascistas que terminaron provocando disturbios. Solo el jueves, se produjeron 24 detenciones.
Por otro lado, el Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, se presentó en septiembre a una sesión de investidura que resultó fracasada, ha convocado para este domingo 12 de noviembre manifestaciones en todas las capitales de provincia del país, que se prevén masivas.
El fondo de las protestas lo protagoniza la prevista aprobación de la ley de amnistía, de la que todavía no se conoce el texto y que todavía no ha sido registrada ante la Mesa del Congreso.
Sin embargo, ese punto de partida ha servido para que durante las movilizaciones en las calles se haya arremetido contra el presidente del Gobierno, contra el rey Felipe VI e, incluso, contra la Constitución, además de arrojar ataques verbales homófobos, racistas y xenófobos.
Para los socialistas, lo que develan estas protestas es que una parte de la sociedad no ha aceptado los resultados electorales salidos de las urnas el pasado 23 de julio y deslegitima la potestad de los diputados democráticamente elegidos para llevar a cabo pactos, como destacó la portavoz socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría.
