La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial previa, encendió alertas en el sector empresarial, que advierte posibles efectos negativos en la certeza jurídica y el clima de inversión en el país.

Organismos patronales señalaron que esta medida podría incrementar la percepción de riesgo entre inversionistas nacionales y extranjeros, especialmente en el contexto de compromisos internacionales como el tratado comercial con América del Norte. Consideran que la posibilidad de restringir activos sin control judicial inmediato genera dudas sobre la solidez del Estado de Derecho.

El impacto, advirtieron, sería particularmente severo para las micro, pequeñas y medianas empresas, que dependen de su flujo de efectivo diario para operar. La inmovilización de recursos financieros podría traducirse en interrupciones operativas y afectaciones económicas significativas.

Desde el sector privado se subrayó que la decisión judicial sienta un precedente delicado, al permitir afectaciones patrimoniales sin reglas completamente claras ni mecanismos de revisión inmediata, lo que, a su juicio, podría vulnerar el principio de presunción de inocencia.

De acuerdo con la resolución, el bloqueo de cuentas procederá cuando existan indicios suficientes de vínculos con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo. No obstante, representantes empresariales consideran que esta disposición puede operar, en la práctica, como una sanción anticipada sin que se haya acreditado responsabilidad.

Ante este escenario, el sector patronal hizo un llamado al Poder Legislativo para establecer mecanismos que otorguen mayor certidumbre jurídica. Entre las propuestas planteadas se encuentra definir criterios objetivos para justificar bloqueos, incorporar un control judicial en plazos breves, fijar tiempos límite para que la autoridad sustente las medidas y garantizar la notificación inmediata a los afectados.

Asimismo, se planteó la necesidad de crear esquemas de responsabilidad en caso de afectaciones indebidas, así como fortalecer la transparencia mediante la publicación periódica de información sobre el uso de estas facultades.

El debate abre una nueva discusión sobre el equilibrio entre las herramientas del Estado para combatir delitos financieros y la protección de los derechos de ciudadanos y empresas en el país.