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EU usa visas como juguete político mientras México mantiene el rumbo

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El retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán sirvió de pretexto para que algunos medios y comentaristas convirtieran un trámite consular en drama internacional. La idea de que Washington encontró en los permisos de entrada una herramienta para presionar a élites mexicanas que supuestamente adoran Disneylandia suena más a guión de comedia que a estrategia seria. El mecanismo, utilizado de forma selectiva, genera debate, pero la reacción oficial ha sido clara: la dignidad nacional no depende de sellos extranjeros.

Andrés Manuel López Beltrán respondió con una carta dirigida a Trump, un paso que algunos interpretan como queja y otros como recordatorio de que las decisiones unilaterales no pasan desapercibidas. Ana Lilia, Alejandro, Hernández y Kurt amplificaron el tema, aunque el fondo sigue siendo el mismo: el uso político de visas no es nuevo y México ha aprendido a manejarlo sin dramatismos. Mientras tanto, el gobierno continúa con su agenda interna sin que estos episodios alteren el calendario de obras o políticas públicas.

El contraste resulta tan forzado como equiparar un pasaporte con un boleto de parque temático. Quienes insisten en medir el peso de las élites mexicanas por su acceso a territorio estadounidense olvidan que la soberanía se ejerce en territorio propio, no en consulados ajenos. La CRT y otras instancias siguen ajustando reglas sin ceder a presiones externas disfrazadas de advertencias.

Al final, el episodio confirma que las visas pueden abrir o cerrar puertas, pero no dictan el rumbo de un país que ya decidió caminar por su cuenta.

DEA se ‘cuadra’ ante Harfuch; Terry Cole lo llama: «socio de confianza» y «buen amigo de EU»

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El director de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingles), Terry Cole, afirmó que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a quien considero un “socio de confianza” y “buen amigo de Estados Unidos”, “entiende las amenazas que enfrentamos juntos a nivel mundial; organizaciones criminales transicionales, dedicadas al tráfico drogas mortales, propagan la violencia y corrompen instituciones y destruyen familias, operan a través de las fronteras y explotan cada debilidad”.

De acuerdo con la grabación del mensaje de Cole durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, difundida por la SSPC en México, el funcionario estadunidense señaló que durante casi dos décadas García Harfuch se ha dedicado a servir y proteger a la gente en México.

Enfrentar las organizaciones criminales, dijo el director de la DEA, requiere “una gran inteligencia, investigaciones agresivas, operaciones coordinadas y la determinación para llevar a cabo una gran misión.

“Él conoce la importancia de compartir la inteligencia, capturar criminales, alterar las cadenas de suministro y desmantelar redes de arriba hacia a abajo.

“Entiende que se corren riesgos personales. En 2020 sobrevivió a un intento de asesinato, que cobró la vida de dos miembros de su equipo de seguridad. Sin embargo, regresó al deber. Todavía enfrenta las amenazas de frente.

“Secretario Harfuch, amigo, gracias por tu liderazgo, tu amistad y colaboración (.) Más de cien países aprecian que estés aquí”, concluyo Cole.

Sin titubeos, Harfuch se planta ante la DEA y destaca logros históricos de México

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó su primera participación en la 40ª de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC, por sus siglas en inglés) encabezada por la DEA en Buenos Aires, Argentina, en la que más de 100 países se reúnen para hablar de seguridad y combate a los cárteles.

Este año, la cumbre se realizó bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad”, en la que se reunirán entre 400 y 600 altos funcionarios de fuerzas de seguridad y delegados de los países miembros y observadores que la integran, así como organizaciones policiales internacionales.

Durante su intervención, Harfuch expuso la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implementada en el país, así como los logros que se han alcanzado con la reducción del 51% de homicidios y los decomisos de droga por parte de las Fuerzas Armadas.

Además, explicó que el objetivo común “debe ser que el fentanilo, metanfetamina y cualquier otro tipo de droga no llegue a las calles y, sobre todo, que menos personas pierdan la vida por esas drogas. Nuestro objetivo no es únicamente decomisar drogas, es destruir la capacidad industrial y logística de las organizaciones criminales”.

Harfuch destacó que también fue cuestionado sobre los objetivos prioritarios que han sido detenidos en los meses recientes, entre los que destaca Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de los Reyes, y Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, identificado como autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Lo anterior llevó al titular de la SSPC a hablar sobre los operativos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la dependencia que encabeza, así como del reforzamiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante la administración de Sheinbaum.

El funcionario también agradeció al administrador de la DEA, Terrance Cole, por haber acelerado el flujo de información entre ambos países desde su llegada al cargo. Mencionó que en ocasiones se han saltado protocolos formales para agilizar el intercambio de datos sobre criminales que operan en ambos países.

“Perdón el término, pero saltarnos los protocolos que a veces nos toman mucho tiempo”, admitió, y lo justificó como una muestra de confianza entre ambas naciones.

El secretario reafirmó que México mantendrá la cooperación internacional con inteligencia compartida, investigaciones paralelas, operaciones coordinadas y acciones contra las finanzas ilícitas de organizaciones transnacionales. “Necesitamos que la información viaje más rápido que las drogas, necesitamos que la información viaje más rápido que el dinero ilícito”, señaló.

Alito Moreno despilfarra presupuesto del PRI en imagen personal para posar en Washington

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Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, invirtió 120 mil dólares en Concord Hill Strategies para organizar la logística de sus reuniones en Washington y recibir sugerencias sobre su vestimenta durante cinco viajes realizados bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. La empresa, con sede en la capital que alberga la Casa Blanca, el Congreso y la OEA, aclara que no brinda asesoría política ni define mensajes, sino que solo coordina horarios y oportunidades para fotografías oficiales.

Los encuentros incluyeron congresistas republicanos y demócratas, autoridades de la OEA, representantes de la ONU y funcionarios del gobierno de Donald Trump. Las fechas fueron febrero de 2025, agosto de 2025, febrero de 2026, mayo de 2026 y principios de agosto de 2026. El contrato especifica que un representante de la firma puede estar presente únicamente con fines logísticos y que la empresa no se responsabiliza por la edición o difusión de ninguna imagen. El mismo número de viajes se registró durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Mientras Alito perfecciona su imagen para capturar fotos en actos oficiales, el gobierno de Sheinbaum mantiene negociaciones bilaterales directas sin depender de contratos externos para resolver detalles básicos como la vestimenta o el posicionamiento frente a las cámaras. Su llamado a un milagro mexicano de cara a 2027 contrasta con la actividad real que se define en los despachos nacionales.

La inversión en coordinación fotográfica y consejos de estilo termina pareciendo un ejercicio de relaciones públicas más preocupado por el ángulo de las tomas que por resultados concretos. En ese sentido, los esfuerzos de Alito destacan por su enfoque en lo accesorio mientras las decisiones importantes avanzan por otros canales.

Xi le da clase de independencia a Noboa entre camarones y diplomacia

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El presidente chino Xi Jinping recibió este martes en el fastuoso Gran Salón del Pueblo a su par ecuatoriano Daniel Noboa y le soltó un sermón digno de suegra sabia: que los países latinoamericanos defiendan la «independencia y la autosuficiencia». O sea, que se manejen solitos y elijan socios sin que nadie les meta el dedo. Todo muy bonito dicho desde Pekín, mientras Noboa anda de gira comercial de una semana por China con la chequera lista y la sonrisa de quien necesita vender.

El detalle picante es que Noboa, en el plano político, es de los que se llevan de maravilla con Donald Trump. Pero el bolsillo no entiende de banderas: vino a hablar de negocios y Xi le devolvió el favor abogando porque nadie interfiera en el derecho de elegir con quién bailar. «Lleven a cabo la cooperación externa con base en sus propios intereses nacionales», le dijo el anfitrión, y de paso invitó a consolidar la confianza mutua y a meterle acelerador a la cooperación en energía, minería, infraestructura y finanzas. Traducción libre: traigan recursos, nosotros ponemos la plata y todos contentos.

Como cereza del pastel (o mejor dicho, como cola de camarón), China les devolvió el permiso de exportación a ocho plantas ecuatorianas de camarón que lo habían perdido para 2025 y 2026. El camarón es el segundo producto estrella de Ecuador después del petróleo, y el gigante asiático es de los principales compradores. Así que mientras Xi habla de soberanía y de no dejarse pisotear, las procesadoras vuelven a mandar crustáceos a las mesas chinas. Independencia con sabor a ají y salsa de soya.

Noboa sonríe, Xi pontifica y el camarón cruza el Pacífico como embajador silencioso. Porque nada dice «autosuficiencia latinoamericana» como ir a pedirle permiso sanitario al dragón para que te compre lo que pescaste. Y así se escribe la geopolítica moderna: discursos de dignidad en el salón dorado y contenedores llenos de mariscos en el puerto. El resto del continente mira, toma nota y se pregunta si la próxima clase de soberanía viene con descuento por volumen.

Sheinbaum aclara que visas gringas no definen a los mexicanos

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En la Mañanera del 18 de agosto, Claudia Sheinbaum soltó una perla digna de telenovela diplomática: hay investigados que conservan su visa estadounidense como si fuera un amuleto de la suerte. La mandataria federal lo resumió con la calma de quien sabe que el pasaporte no mide integridad, y que la frontera no dicta quién merece respeto.

El asunto generó más ruido que una piñata en un mitin opositor. Sheinbaum señaló que la visa no es diploma moral ni certificado de pureza, sino un trámite burocrático que Washington entrega o retira según su libreto. Mientras tanto, los datos oficiales mostraron un aumento notable de cirugías en hospitales públicos, un avance que nadie esperaba ver convertido en meme político. La ironía es que algunos prefieren debatir sellos en pasaportes antes que celebrar camas de recuperación más ocupadas.

El contraste resulta tan absurdo como discutir el color de la corbata presidencial mientras el quirófano funciona a todo vapor. Sheinbaum mantuvo el tono sereno, recordando que la soberanía mexicana no depende de aprobaciones consulares. El gobierno sigue avanzando en salud pública con números que hablan más claro que cualquier controversia importada.

Al final, la visa puede abrir puertas, pero no define carácter ni resultados. Los hospitales públicos, en cambio, siguen operando sin pedir permiso a nadie.

México reparte toneladas de ayuda mientras Colombia discute certificados como si fueran recetas médicas

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La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Marina anunciaron el 18 de agosto que los buques ARM Papaloapan y ARM Huasteco regresaron tras entregar en La Guaira, Venezuela, 718.54 toneladas de ayuda humanitaria. Entre víveres, agua embotellada y material médico, los barcos transportaron 2 mil 585 metros cúbicos de suministros que ya están en manos de las comunidades afectadas.

En Venezuela, las plantas potabilizadoras operadas por la Armada mexicana procesan 259 mil 700 litros diarios y han beneficiado a 8 mil 867 familias. Con este envío, México acumula más de 4 mil 588 metros cúbicos, equivalentes a más de mil 100 toneladas, enviadas en puentes marítimos realizados el 15 de julio y el 10 de agosto. Cien elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias coordinaron el desembarque junto con autoridades locales.

En Colombia, tras el sismo de magnitud 7.4 del 10 de agosto que dejó 289 muertos y más de 54 mil 300 familias afectadas, México activó tres misiones aéreas desde la Base Aérea de Santa Lucía. Cada vuelo, con dos aeronaves Hércules y 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, transportó 58 toneladas de alimentos, cuatro toneladas de insumos médicos y 2 mil 562 despensas. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la operación de inmediato.

Mientras tanto, el gobierno colombiano autorizó brigadas solo de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, y exigió certificaciones extras a los equipos mexicanos pese a que ya operan en 98 países. Los Topos Aztecas entraron por su cuenta. La discusión sobre quién acepta ayuda y quién no terminó pareciendo una comedia burocrática donde los suministros llegaron, pero los trámites se convirtieron en el verdadero desastre.

Gobierno de Trump podrá retirar protección migratoria a miles de etíopes

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Un juez federal abrió el camino para que el Gobierno del presidente Donald Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite a unos 5,000 ciudadanos etíopes permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos. La decisión representa un nuevo avance de la estrategia de la administración estadounidense para reducir diferentes programas de protección humanitaria otorgados o ampliados durante gobiernos anteriores.

El juez federal Brian E. Murphy rechazó una solicitud presentada por la organización African Communities Together, que buscaba mantener vigente el TPS para los etíopes mientras continúa el litigio contra el Gobierno. La agrupación argumentaba que retirar las protecciones podía vulnerar derechos constitucionales de los beneficiarios y cuestionó la autoridad utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional para cancelar la designación.

El TPS permite que ciudadanos procedentes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras situaciones extraordinarias permanezcan temporalmente en Estados Unidos y obtengan autorización para trabajar sin quedar expuestos a una deportación inmediata. La administración Trump sostiene que este mecanismo fue creado precisamente como una protección temporal y cuestiona que gobiernos anteriores hayan extendido durante años algunas de sus designaciones.

Etiopía recibió esta protección después del grave conflicto armado iniciado en la región de Tigray, que posteriormente se extendió hacia otras zonas del país. La confrontación dejó cientos de miles de muertos, según estimaciones de la Unión Africana, y generó una profunda crisis humanitaria. Ante esa situación, el Gobierno de Joe Biden concedió protección temporal durante 18 meses a determinados ciudadanos etíopes que se encontraban en territorio estadounidense.

Las autoridades estadounidenses extendieron posteriormente el beneficio debido a la persistencia de las condiciones de inseguridad. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional inició posteriormente el proceso para terminar con esa protección. Murphy había bloqueado anteriormente la medida, impidiendo que entrara en vigor mientras se analizaban los argumentos presentados contra la decisión gubernamental.

En su nueva resolución, el juez rechazó los argumentos con los que los abogados buscaban mantener las protecciones. La defensa sostenía que cancelar el TPS violaba garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso y también cuestionaba si las autoridades de Seguridad Nacional contaban con las facultades legales necesarias para retirar la designación correspondiente a Etiopía.

El fallo forma parte de una ofensiva migratoria más amplia que podría afectar a más de un millón de personas de diferentes nacionalidades que contaban con protecciones temporales para permanecer en Estados Unidos. Otros tribunales también han permitido avanzar con la eliminación de beneficios para ciudadanos procedentes de países como Haití, Siria, Sudán del Sur y Somalia.

La decisión coloca ahora a miles de etíopes ante una creciente incertidumbre migratoria y la posibilidad de quedar expuestos a procesos de deportación. Al mismo tiempo, refuerza la política del Gobierno de Trump de limitar programas humanitarios que considera utilizados durante demasiado tiempo como mecanismos de permanencia en Estados Unidos, mientras organizaciones defensoras de migrantes continúan impugnando estas medidas ante los tribunales.

Meta enfrenta juicio clave por presunta adicción de menores a sus redes

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Meta enfrenta una de las mayores batallas judiciales de su historia por acusaciones de haber diseñado deliberadamente sus plataformas para generar adicción entre niños y adolescentes. El proceso podría tener consecuencias económicas multimillonarias y obligar a la compañía propietaria de Facebook e Instagram a modificar algunas de las principales funciones de sus redes sociales. El caso deriva de una demanda presentada por 29 fiscales generales estatales, aunque en esta etapa participan directamente California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey.

Los estados sostienen que el modelo de negocio de Meta depende de mantener a los usuarios conectados durante el mayor tiempo posible para obtener información y aumentar sus ingresos publicitarios. Entre las herramientas señaladas aparecen los algoritmos de recomendación, el desplazamiento infinito, los “me gusta” y las notificaciones. Los demandantes argumentan que estas funciones fueron desarrolladas para aumentar la interacción de los jóvenes pese a que la empresa conocía posibles riesgos para su bienestar.

Otra acusación señala que Meta habría engañado al público sobre los efectos que sus plataformas podían tener en niños y adolescentes. Los estados también aseguran que la compañía recopiló información personal de menores de 13 años sin autorización de sus padres, lo que podría representar una violación de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet de Estados Unidos. Durante el proceso se espera el testimonio de ejecutivos de la compañía, incluido su director ejecutivo, Mark Zuckerberg.

Meta rechaza las acusaciones y sostiene que los estados no han demostrado que sus plataformas hayan provocado directamente los daños denunciados. La empresa considera además que la indemnización solicitada es desproporcionada y argumenta que problemas como la identificación de usuarios menores de edad afectan a toda la industria. Entre sus argumentos legales también figuran las protecciones otorgadas a las plataformas digitales por la Sección 230 y la Primera Enmienda estadounidense.

Las consecuencias económicas podrían alcanzar dimensiones extraordinarias. Los cuatro estados reclaman conjuntamente hasta 1.4 billones de dólares en daños, una cantidad cercana a la valoración bursátil total de Meta. Pero el riesgo para la compañía va más allá de una posible indemnización: los demandantes también buscan una orden judicial que obligue a modificar el funcionamiento de sus plataformas y las características utilizadas para captar y mantener la atención de los usuarios jóvenes.

El juicio se produce después de otros importantes reveses legales para Meta. En Nuevo México, la empresa fue condenada a pagar cientos de millones de dólares por violaciones relacionadas con la protección de menores y deberá implementar cambios en determinadas funciones. Otro jurado en Los Ángeles responsabilizó a Meta y YouTube por daños relacionados con la adicción de una joven a las redes sociales. La compañía ha anunciado que apelará esas decisiones.

La creciente ofensiva judicial contra las empresas tecnológicas ha sido comparada con las históricas demandas contra las grandes tabacaleras. Meta, YouTube, TikTok y Snap enfrentan litigios impulsados por particulares, distritos escolares y gobiernos estatales que cuestionan la manera en que sus productos afectan a los menores. Las compañías, por su parte, defienden herramientas como controles parentales, configuraciones especiales de privacidad y recordatorios para limitar el tiempo de uso.

El proceso está previsto para extenderse durante al menos seis semanas y podría incluir testimonios de altos ejecutivos, exempleados convertidos en denunciantes e investigadores especializados en los efectos de las redes sociales sobre los jóvenes. El resultado podría convertirse en un precedente para toda la industria tecnológica estadounidense, especialmente si la justicia determina que las características utilizadas para aumentar la interacción pueden generar responsabilidad legal cuando afectan a menores.

¡Imelda Castro imparable! En tres días recorrió seis municipios y dialogó con 4 mil personas

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La senadora con licencia Imelda Castro, aspirante a coordinar los comités para la defensa de la soberanía en Sinaloa, informó que en solo tres días de un fin de semana recorrió seis municipios y sostuvo contacto con cuatro mil personas.

Agregó que ya ha visitado los 20 municipios de la entidad, lo que le ha permitido dialogar de manera directa con la ciudadanía.

Castro reconoció que, si bien a la población le preocupa la inseguridad, también está consciente de que los índices delictivos han disminuido, aunque en algunas zonas del sur del estado aún prevalece una alta percepción.

Destacó que la ciudadanía agradece a la presidenta por la atención a las causas de la violencia y subrayó que este momento es para escuchar a la gente.

Asimismo, explicó que lo que más interesa a los habitantes son los servicios públicos, como el estado de las calles, el agua potable, el drenaje y la iluminación, además de los precios de los productos agrícolas, los temas acuícolas y ganaderos.

Recordó que Sinaloa es el granero de México y que los productores agradecen el manejo del pago del trigo y del maíz por parte del gobierno federal.