El Tribunal Penal Internacional (TPI) enfrenta una creciente presión de Estados Unidos, que ha intensificado sus medidas contra la institución con nuevas sanciones dirigidas a sus principales autoridades. La presidenta del organismo, la jueza japonesa Tomoko Akane, fue incluida entre los funcionarios sancionados por Washington, sumándose a otros jueces y fiscales afectados. El Gobierno estadounidense sostiene que la actuación del tribunal representa una amenaza para sus intereses y soberanía, mientras que el TPI considera estas acciones un ataque directo contra la justicia internacional y su independencia.
Las sanciones estadounidenses tienen consecuencias financieras importantes, pues restringen el acceso de los funcionarios afectados al sistema financiero de Estados Unidos y pueden alcanzar también a empresas, organizaciones o particulares que colaboren con ellos. Para el tribunal, estas medidas no solamente perjudican a sus integrantes, sino que pueden dificultar las investigaciones y la atención a víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresiones armadas.
La presión estadounidense también coincide con la decisión de Chad y Venezuela de abandonar el TPI. Chad argumentó que la institución ha mostrado una actuación selectiva hacia países del sur global, mientras que Venezuela acusó al organismo de mantener una política de persecución contra su población. Estados Unidos recibió favorablemente ambas decisiones. Sin embargo, las salidas no son inmediatas: deben transcurrir doce meses desde su notificación y los procedimientos iniciados previamente pueden continuar.
Frente a este escenario, la Unión Europea reiteró su respaldo al tribunal. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, defendieron la necesidad de preservar la independencia de sus jueces y funcionarios. Desde el propio TPI, su secretario, Osvaldo Zavala, sostuvo que las presiones actuales trascienden a la institución y representan golpes contra el multilateralismo y el Estado de derecho internacional.
El conflicto con Washington se suma a otros episodios que han puesto a prueba al organismo con sede en La Haya. Rusia inició procesos contra integrantes del tribunal después de que el TPI emitiera una orden de arresto contra el presidente Vladímir Putin por presuntos crímenes de guerra relacionados con la deportación de menores ucranianos. Además, la corte ha sufrido ciberataques y otras acciones que han complicado su funcionamiento durante los últimos años.
Pese a las dificultades, el TPI asegura mantener el respaldo de buena parte de sus 125 Estados miembros. De acuerdo con Zavala, alrededor del 95% del presupuesto del organismo está cubierto, lo que permite continuar sus operaciones mientras se desarrollan mecanismos técnicos para reducir el impacto de las sanciones estadounidenses. La corte sostiene que continuará con sus investigaciones y procedimientos pese a las presiones externas.
Especialistas en derecho internacional advierten que la ofensiva contra el tribunal podría debilitar el sistema internacional construido para perseguir los delitos más graves. La preocupación radica en que las grandes potencias puedan evitar controles jurídicos internacionales y que otros gobiernos sigan el mismo camino. Por ello, expertos han planteado que los países integrantes del TPI formen un frente común para proteger su funcionamiento y garantizar su autonomía.
Entre las alternativas planteadas figura que la Unión Europea active mecanismos jurídicos para neutralizar los efectos de las sanciones estadounidenses en territorio europeo. También se ha propuesto que la Asamblea General de Naciones Unidas analice estas medidas y solicite al Tribunal Internacional de Justicia una opinión sobre su legalidad. Mientras aumenta la disputa diplomática, el TPI insiste en que su misión seguirá siendo investigar los crímenes internacionales más graves y combatir la impunidad, independientemente del poder político de las personas señaladas.
