Un juez federal abrió el camino para que el Gobierno del presidente Donald Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite a unos 5,000 ciudadanos etíopes permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos. La decisión representa un nuevo avance de la estrategia de la administración estadounidense para reducir diferentes programas de protección humanitaria otorgados o ampliados durante gobiernos anteriores.
El juez federal Brian E. Murphy rechazó una solicitud presentada por la organización African Communities Together, que buscaba mantener vigente el TPS para los etíopes mientras continúa el litigio contra el Gobierno. La agrupación argumentaba que retirar las protecciones podía vulnerar derechos constitucionales de los beneficiarios y cuestionó la autoridad utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional para cancelar la designación.
El TPS permite que ciudadanos procedentes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras situaciones extraordinarias permanezcan temporalmente en Estados Unidos y obtengan autorización para trabajar sin quedar expuestos a una deportación inmediata. La administración Trump sostiene que este mecanismo fue creado precisamente como una protección temporal y cuestiona que gobiernos anteriores hayan extendido durante años algunas de sus designaciones.
Etiopía recibió esta protección después del grave conflicto armado iniciado en la región de Tigray, que posteriormente se extendió hacia otras zonas del país. La confrontación dejó cientos de miles de muertos, según estimaciones de la Unión Africana, y generó una profunda crisis humanitaria. Ante esa situación, el Gobierno de Joe Biden concedió protección temporal durante 18 meses a determinados ciudadanos etíopes que se encontraban en territorio estadounidense.
Las autoridades estadounidenses extendieron posteriormente el beneficio debido a la persistencia de las condiciones de inseguridad. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional inició posteriormente el proceso para terminar con esa protección. Murphy había bloqueado anteriormente la medida, impidiendo que entrara en vigor mientras se analizaban los argumentos presentados contra la decisión gubernamental.
En su nueva resolución, el juez rechazó los argumentos con los que los abogados buscaban mantener las protecciones. La defensa sostenía que cancelar el TPS violaba garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso y también cuestionaba si las autoridades de Seguridad Nacional contaban con las facultades legales necesarias para retirar la designación correspondiente a Etiopía.
El fallo forma parte de una ofensiva migratoria más amplia que podría afectar a más de un millón de personas de diferentes nacionalidades que contaban con protecciones temporales para permanecer en Estados Unidos. Otros tribunales también han permitido avanzar con la eliminación de beneficios para ciudadanos procedentes de países como Haití, Siria, Sudán del Sur y Somalia.
La decisión coloca ahora a miles de etíopes ante una creciente incertidumbre migratoria y la posibilidad de quedar expuestos a procesos de deportación. Al mismo tiempo, refuerza la política del Gobierno de Trump de limitar programas humanitarios que considera utilizados durante demasiado tiempo como mecanismos de permanencia en Estados Unidos, mientras organizaciones defensoras de migrantes continúan impugnando estas medidas ante los tribunales.
