El Gobierno de Estados Unidos ha procedido al reembolso de alrededor de 100.000 millones de dólares (86.816 millones de euros) correspondientes a los aranceles anunciados en abril de 2025 por el presidente Donald Trump en el ‘Día de la Liberación’. Estos aranceles, implementados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo estadounidense en febrero pasado.
Según la declaración realizada ante el Tribunal Internacional de Comercio de EEUU por Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Programas Comerciales de la Oficina de Comercio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, hasta el 31 de julio se habían aceptado solicitudes por aproximadamente 128.680 millones de dólares (111.715 millones de euros), de las cuales se habían reembolsado alrededor de 100.000 millones de dólares, incluyendo los aranceles cobrados más los intereses correspondientes.
Cantidad indebida recaudada
Se estima que la Administración estadounidense recaudó de manera indebida alrededor de 166.000 millones de dólares (144.115 millones de euros) a través de aranceles adicionales anunciados por Donald Trump el 2 de abril de 2025 en el ‘Día de la Liberación’.
Estos aranceles fueron declarados ilegales por el Supremo de EEUU el 20 de febrero de 2026, considerando que el expresidente se había excedido en sus atribuciones al invocar la IEEPA para imponer dichos gravámenes.
Tras la decisión del Alto Tribunal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos puso en marcha el 20 de abril la primera fase del sistema para procesar electrónicamente las solicitudes de reembolso de los aranceles ilegales. A pesar de este revés judicial, la Administración Trump ha buscado alternativas para seguir utilizando el comercio como instrumento de presión en sus relaciones internacionales.
Imposición de nuevos aranceles
A finales de julio, Washington anunció la imposición de aranceles a 60 países, enmarcando la medida como un castigo para aquellas economías que no habían prohibido los bienes producidos con trabajo forzado. Esta medida sustituyó al gravamen global del 10% impuesto temporalmente por un periodo de 150 días en respuesta a la decisión del Supremo.
En concreto, los productos procedentes de países que hayan aprobado leyes adecuadas contra el trabajo forzoso estarán sujetos a una tasa del 10%, mientras que aquellos con prohibiciones insuficientes enfrentarán la tasa más alta, el 12,5%.
