El Instituto Federal de Defensoría Pública reinstaló a 18 de los 43 trabajadores del área de trabajo social que habían sido cesados, sin que hasta el momento las autoridades hayan aclarado oficialmente las causas de los despidos. La reincorporación fue atribuida por el sindicato del Poder Judicial a las gestiones realizadas ante el Órgano de Administración Judicial y el propio instituto.
De acuerdo con representantes sindicales, la restitución de estos empleados muestra que el diálogo institucional permitió defender derechos laborales y encontrar una salida parcial al conflicto. Sin embargo, aún permanece la incertidumbre sobre el resto del personal separado de sus funciones y sobre los criterios aplicados para determinar las bajas.
Entre las versiones internas se menciona que los despidos podrían formar parte de un recorte de personal administrativo iniciado desde finales de 2025 en distintos órganos del Poder Judicial. Otra versión apunta a que la decisión habría sido tomada directamente por la dirección del Instituto Federal de Defensoría Pública, sin una explicación pública detallada.
El área de trabajo social era considerada clave en la atención inicial de personas que acudían en busca de defensa penal o asesoría jurídica gratuita, especialmente aquellas en situación vulnerable. Tras su desaparición, las funciones serán redistribuidas de manera obligatoria entre defensores públicos y asesores jurídicos federales para evitar afectaciones en el servicio.
