El Senado de la República reconoció que no cuenta con facultades expresas para sancionar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en caso de que rechace comparecer ante el pleno para explicar la participación de agentes estadounidenses en un operativo dentro de su estado.
La invitación formal que le fue cursada no tiene carácter obligatorio, por lo que los legisladores analizan mecanismos legales alternativos para exigir transparencia sobre un episodio que, advierten, rebasa con mucho la política local: se trata de una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la propia Constitución, que prohíbe expresamente que los gobiernos estatales realicen operativos conjuntos con elementos extranjeros sin la intervención de las autoridades federales.
El senador Oscar Cantón fue contundentes al señalar que el caso implica al menos dos omisiones graves: la falta de notificación a la Secretaría de Relaciones Exteriores —obligación legal cuando se tienen tratos con ciudadanos o agencias foráneas— y la realización de un operativo conjunto que ningún estado de la república está constitucionalmente facultado para coordinar por su cuenta.
«No es un problema local, ni de partidos políticos, es un problema de soberanía nacional», advirtieron, dejando en claro que si Campos no colabora voluntariamente, el Senado buscará otro camino jurídico para esclarecer de qué forma y bajo qué autorización agentes del gobierno de Estados Unidos pisaron suelo mexicano con armas y en plena operación.
