El gobierno mexicano ha intensificado los subsidios a las gasolinas para contener el impacto del alza internacional del petróleo; sin embargo, esta medida podría generar efectos negativos en las finanzas públicas. Especialistas advierten que, aunque el apoyo reduce el precio al consumidor, implica una disminución significativa en la recaudación fiscal.
De acuerdo con estimaciones de analistas, el costo de estos estímulos podría superar los 100 mil millones de pesos en 2026, e incluso alcanzar hasta 220 mil millones si se prolonga el conflicto internacional que mantiene elevados los precios del crudo. Tan solo en semanas recientes, el gobierno ha dejado de recaudar miles de millones de pesos por la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Esta menor captación de ingresos limita el margen de maniobra del gobierno para financiar el gasto público. Expertos señalan que, ante la dificultad de recortar programas sociales, los ajustes podrían concentrarse en rubros como infraestructura, lo que se traduciría en menos inversión y deterioro en servicios como carreteras.
Además, el incremento en el déficit fiscal podría obligar a contratar mayor deuda, alejando a México de niveles considerados sostenibles a nivel internacional. En este contexto, los subsidios funcionan como una medida temporal que alivia el bolsillo de los consumidores, pero trasladan el costo al equilibrio de las finanzas públicas.
