Especialistas en economía advirtieron que la política del Gobierno mexicano de mantener estímulos fiscales a las gasolinas podría generar presiones en las finanzas públicas, pese a que ayuda a contener los precios al consumidor. Señalaron que esta estrategia, basada en la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), busca amortiguar el impacto del alza internacional del petróleo.
De acuerdo con analistas, el mecanismo permite evitar incrementos abruptos en el precio de los combustibles; sin embargo, implica una menor recaudación para el Estado. Esto significa que el costo no desaparece, sino que se traslada al ámbito fiscal, afectando el presupuesto disponible para gasto público.
Estimaciones de instituciones financieras apuntan a que el impacto podría ser significativo. Tan solo en 2026, el costo de estos estímulos podría alcanzar decenas de miles de millones de pesos, e incluso generar un déficit adicional en las finanzas públicas si se prolongan las condiciones actuales del mercado energético.
Aunque el Gobierno ha defendido la medida como un apoyo para proteger la economía familiar y contener la inflación, especialistas advierten que mantener artificialmente bajos los precios también reduce incentivos para la eficiencia energética. En este contexto, el reto será equilibrar el apoyo a consumidores sin comprometer la estabilidad fiscal del país.
