Ocho países de mayoría musulmana emitieron una fuerte condena contra la nueva ley aprobada por el Knéset israelí, que establece la pena de muerte (por ahorcamiento) como castigo por defecto para palestinos condenados por “atentados terroristas” en territorios ocupados.
Los ministros de Exteriores de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Catar, Jordania, Indonesia, Pakistán y Egipto denunciaron la medida como una “escalada peligrosa” que consolida prácticas discriminatorias y un sistema de apartheid, aplicándose de facto solo contra palestinos mientras los israelíes son juzgados en cortes civiles.
Los países alertaron que la legislación incrementa las tensiones en Oriente Medio, viola el derecho internacional y agrava las denuncias de torturas y condiciones inhumanas contra prisioneros palestinos en cárceles israelíes.
Esta reacción se suma a las críticas de gobiernos europeos y organismos de la ONU, que consideran la norma contraria a los principios democráticos y al derecho humanitario internacional.
