La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó omisiones en las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, donde colectivos de búsqueda localizaron cientos de objetos personales y prendas vinculadas con personas desaparecidas.
Al emitir la Recomendación 11/2026, el organismo concluyó que las irregularidades cometidas por ambas instituciones ocasionaron violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia.
Entre las principales deficiencias detectadas se encuentran fallas en el procesamiento técnico de evidencias, incluyendo su identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado. Asimismo, se determinó que el lugar no fue asegurado de manera adecuada, lo que comprometió la eficacia de las investigaciones.
La comisión también señaló que el 20 de marzo de 2025 se permitió el ingreso de diversas personas al predio, lo que provocó la pérdida de control del área y la alteración de posibles indicios, situación atribuida a la falta de preservación del sitio por parte de la fiscalía estatal.
El organismo documentó además irregularidades en la cadena de custodia de los elementos recabados en el lugar, así como retrasos en el análisis de muestras biológicas. En algunos casos, dichas muestras fueron entregadas para su estudio en septiembre de 2024, pero su comparación con bases de datos de familiares de personas desaparecidas se realizó hasta marzo de 2025.
Como parte de la recomendación, la CNDH solicitó a las autoridades estatales realizar en un plazo máximo de seis meses un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer disculpas por las violaciones acreditadas.
También pidió actualizar o elaborar protocolos para la preservación de lugares de intervención, el manejo adecuado de evidencias, la cadena de custodia y la elaboración de dictámenes periciales confiables. Asimismo, las instituciones deberán colaborar en procedimientos administrativos contra servidores públicos señalados por estas irregularidades.
El organismo recordó que el predio fue asegurado inicialmente por la fiscalía estatal, antes de que el caso pasara al ámbito federal tras la intervención de la Fiscalía General de la República, que asumió el control de las investigaciones días después del hallazgo.
