El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, se prepara para imponer un arancel general del 15% a las importaciones provenientes de diversos países, con entrada en vigor probable durante esta semana de marzo de 2026. La medida temporal se basa en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite recargos por desequilibrios en la balanza de pagos, y tendrá una duración inicial de 150 días (cinco meses), prorrogable solo con aprobación del Congreso.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que el gravamen sube del 10% anunciado previamente al 15%, como respuesta a un revés judicial de la Corte Suprema que invalidó aranceles previos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Bessent defendió la solidez legal de esta vía, que ha resistido miles de impugnaciones, y señaló que busca abordar preocupaciones de seguridad nacional y comercio desleal mientras se concluyen investigaciones en curso.
La medida afecta a socios comerciales aliados y adversarios por igual, aunque mantiene excepciones para bienes esenciales y, en principio, respeta acuerdos como el T-MEC con México y Canadá, lo que limita el impacto directo en el comercio bilateral. Expertos destacan que el arancel generalizado busca presionar en negociaciones globales, pese a que no existe un déficit en la balanza de pagos que justifique plenamente su aplicación.
El anuncio genera incertidumbre en los mercados internacionales y tensiones comerciales, con el sector privado estadounidense exigiendo la continuidad de pactos como el T-MEC. Para México, el efecto podría ser moderado en comparación con gravámenes sectoriales previos, aunque persiste el riesgo de escalada si no se resuelven las disputas subyacentes en los próximos meses.
