Representantes del sector del autotransporte denunciaron que grandes empresas como Kimberly-Clark, Pepsi y Truper buscan cargar a los transportistas las pérdidas derivadas de los recientes bloqueos y hechos de violencia en carreteras, mediante penalizaciones por retrasos en las entregas y cobros por mercancía robada.
La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) señaló que estas prácticas incluyen la negativa a pagar viajes completos, la retención de adeudos previos y la intención de que los operadores asuman el costo total de las cargas cuando las unidades son robadas o quedan varadas por narcobloqueos.
De acuerdo con la organización, algunas compañías dejan de liquidar servicios valuados en alrededor de 10 mil pesos, mientras que otras pretenden imponer sanciones de hasta mil pesos por cada hora de retraso, aun cuando la demora se deba a situaciones de fuerza mayor vinculadas con la inseguridad en las vías de comunicación.
Transportistas advirtieron que el sector aún no se recupera del impacto económico de la pandemia y que la violencia ha profundizado la crisis, al acumularse pérdidas por robos, quema de unidades, cargas siniestradas y viajes que no son pagados. A ello se suman intentos de sanción por no cumplir con entregas en tiempo y forma bajo condiciones de riesgo.
La Amotac afirmó que estas medidas resultan insostenibles para el gremio y adelantó que se analizan acciones a nivel nacional para exigir mayor seguridad y un trato equitativo por parte de las empresas contratantes.
Como ejemplo de la gravedad de la situación, la organización documentó el caso de un transportista que opera en la frontera entre Puebla y Tlaxcala, cuya unidad fue robada, recuperada, sustraída nuevamente y finalmente incendiada durante los recientes hechos de violencia en la región.
