El Tribunal de Disciplina Judicial mantiene suspensión a juzgadora electa y la Corte niega suspensión sobre la carrera judicial
El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) resolvió dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si una conducta considerada grave, derivada de una queja recibida durante el proceso de transición del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), podría ser constitutiva de delito.
A través de un comunicado, el TDJ informó además que se decidió mantener la suspensión de funciones a una juzgadora electa por voto popular el pasado 1 de junio, quien se desempeñaba como secretaria de acuerdos antes de su elección.
En ambos casos, el Tribunal no ofreció detalles adicionales sobre las resoluciones.
“En el pleno del TDJ se han venido resolviendo quejas que se recibieron durante el proceso de transición del extinto Consejo de la Judicatura Federal, y en una de ellas, ante la gravedad de la falta, se adoptó el criterio de dar vista, de inmediato, a la Fiscalía General de la República para que determine si la conducta es constitutiva de delito”, precisó el comunicado.
SCJN niega suspensión provisional sobre la carrera judicial
Por separado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió negar la suspensión provisional solicitada en contra de los efectos y consecuencias del sistema normativo que regula la carrera judicial del PJF.
Al analizar una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, y bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la Corte determinó —por seis votos contra tres— que no procede conceder la suspensión provisional en amparo indirecto contra dicho sistema normativo.
El fallo establece como criterio obligatorio que dicha suspensión afectaría el interés social y contravendría normas de orden público, particularmente el artículo 100 de la Constitución Federal.
“De concederse la suspensión, se causarían perjuicios al interés social y se vulnerarían disposiciones de orden público, pues la sociedad está interesada en que los miembros de la carrera judicial sean evaluados bajo los mayores estándares de calidad y profesionalismo, lo que fortalece directamente la impartición de justicia”, precisa la resolución.
