Estados Unidos incorporó 407 fracciones arancelarias adicionales a la lista de productos de acero y aluminio sujetos a un arancel del 50%, según el Federal Register, bajo la Sección 232 de la Ley de Expulsion Comercial de 1962. La medida, publicada el 18 de agosto, afecta a México, segundo mayor proveedor de estos materiales a EU, con exportaciones por 34,830 millones de dólares en 2024, según la Oficina del Censo de EU. Este gravamen, que eleva el costo de productos derivados como autopartes, electrodomésticos y empaques, intensifica las tensiones comerciales en el marco del T-MEC.
La lista incluye desde preparaciones alimenticias, lubricantes y cosméticos hasta medicamentos, envases tetrapack y herramientas como destornilladores y martillos. La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) detalló que los aranceles se aplicarán según el contenido de acero o aluminio, mientras que otros componentes seguirán sujetos a tarifas recíprocas. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que el impacto afecta al 4.7% de las exportaciones mexicanas, equivalente a 1.5% del PIB de 2024, golpeando especialmente a 11 estados con fuerte presencia automotriz, como Nuevo León y Coahuila.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, calificó la medida de “injusta” y anunció negociaciones con EU para buscar exenciones, argumentando que México importa más acero de EU (4.1 millones de toneladas) que el que exporta (2.3 millones), según la Canacero. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el arancel carece de sustento legal bajo el T-MEC y podría encarecer productos como automóviles y electrónicos, afectando a consumidores y cadenas de suministro.
Analistas como Gabriela Siller, de Banco Base, advierten que la medida podría incrementar la inflación en México, donde el sector automotriz representa el 36% de las exportaciones manufactureras. El IMCO propone fortalecer el diálogo bilateral y movilizar aliados en EU para mitigar el impacto. Mientras, Canadá, principal proveedor de acero a EU, presentó una queja ante la OMC, y México evalúa represalias arancelarias si no se logra un acuerdo antes del 4 de septiembre, cuando entren en vigor restricciones adicionales por sanciones a CIBanco.
