El Observatorio Latinoamericano contra el Tráfico y la Trata de Personas, respaldado por 250 organizaciones civiles, urgió a mejorar la investigación del delito, fortalecer la atención a las víctimas y prevenirlo mediante contenidos educativos en la Nueva Escuela Mexicana.
Preocupante impunidad en casos de trata
Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre 2017 y 2021 se identificaron 3,896 víctimas de trata en México, principalmente mujeres y menores de edad. Sin embargo, en ese mismo periodo solo se emitieron 263 sentencias, de las cuales 201 fueron condenatorias y 62 absolutorias, reflejando fallas estructurales en la procuración de justicia.
Las organizaciones advirtieron que la impunidad sigue siendo uno de los principales obstáculos, ya que muchas denuncias no son investigadas adecuadamente, lo que dificulta el acceso a la justicia para las víctimas.
Tlaxcala: epicentro de la trata sin sentencias recientes
Uno de los focos rojos de la trata en México es Tlaxcala, entidad históricamente vinculada al proxenetismo. Pese a múltiples denuncias, desde 2022 no se ha emitido ninguna sentencia por este delito en el estado.
Las organizaciones denunciaron que el gobierno estatal ha minimizado el problema, asegurando que la trata ha desaparecido de la región, a pesar de las evidencias que apuntan lo contrario.
Falta de estrategia y alarmante cifra negra
Óscar Montiel, coordinador del capítulo mexicano del Observatorio, criticó la falta de estrategias gubernamentales efectivas. Explicó que el delito de trata suele ser detectado solo cuando las víctimas reciben apoyo psicológico, no por investigaciones oficiales.
Además, señaló que durante el sexenio pasado, el Programa Nacional contra la Trata operó únicamente dos años y carecía de datos concretos.
“Han intentado vincular la prevención con eventos deportivos y fiestas de toros, cuando lo que se necesita son estrategias basadas en investigaciones serias”, afirmó Montiel.
Según estimaciones de organizaciones civiles, la cifra negra de víctimas en el país oscila entre 50,000 y 500,000 personas, lo que evidencia la urgencia de reforzar las acciones para combatir este crimen.
