Por primera vez en la historia, México será dirigido por una mujer, con Claudia Sheinbaum, la candidata del partido de Andrés Manuel López Obrador, liderando las encuestas. Sin embargo, esta contienda electoral ha dejado un rastro de violencia y muerte, con casi 90 políticos asesinados, según el último informe del Laboratorio Electoral.
Un panorama de violencia
Durante la campaña electoral, unos 90 políticos fueron asesinados sin importar su afiliación partidista, de los cuales al menos 34 eran candidatos. Este miércoles, Alfredo Cabrera, candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez en Guerrero, fue asesinado a tiros durante un mitin.
Naturaleza de los ataques
La violencia no parece tener un patrón claro en cuanto a ideologías o posiciones políticas. Daniela Arias, coordinadora del Laboratorio Electoral, explica que aunque hay una percepción de que los crímenes provienen del crimen organizado, en realidad, muchos ataques podrían estar perpetrados por grupos partidistas que buscan camuflarse como crimen organizado.
Cambios en la violencia electoral
La violencia ha evolucionado a medida que la contienda avanza. En la recta final, se han registrado numerosos ataques dirigidos a los equipos de campaña de los candidatos, aunque no siempre resultan en muertes. Esto ha generado preocupación sobre la seguridad no solo durante la jornada electoral, sino también en el período post-electoral.
Respuesta tardía del gobierno
La respuesta gubernamental a la violencia electoral ha sido tardía. Según Arias, la violencia sorprendió a las autoridades en un momento de vulnerabilidad, cuando los candidatos eran aún precandidatos o aspirantes a un cargo público. Este período de «limbo» los dejó expuestos y desprotegidos.
Medidas de seguridad sin precedentes
En respuesta a la escalada de violencia, muchos candidatos han tenido que portar chalecos antibalas, y los candidatos presidenciales están acompañados por 24 agentes de seguridad para proteger sus vidas, algo nunca antes visto en la política mexicana.
Conclusión
El próximo gobierno enfrentará el desafío de abordar la violencia electoral y asegurar un entorno más seguro para los futuros procesos democráticos. La violencia actual no solo pone en riesgo la vida de los candidatos, sino también la integridad del proceso electoral y la confianza del público en la democracia mexicana.
