La presidenta Claudia Sheinbaum mandó un mensaje claro a los gobernadores: los taxis sin permiso que acechan en aeropuertos ya no son problema de nadie más que de ellos. Durante su conferencia del 11 de noviembre, explicó que algunos operan con licencia federal y otros con autorización estatal, pero los irregulares siguen cobrando precios que parecen rescate de película.
El asunto saltó en Guadalajara, Monterrey y el sur del país, donde conductores sin control ofrecen viajes que cuestan más que un boleto de avión. Sheinbaum dejó en claro que la Subsecretaría de Transporte de la SICT, encabezada por Tania Carro, ya platica con los taxistas autorizados para bajar tarifas, mientras los estados deben reforzar vigilancia en las inmediaciones. La mandataria fue directa: corresponde a cada entidad actuar cuando detecte unidades fuera de norma.
Los reportes hablan de fraudes y extorsiones cometidos por quienes operan sin autorización, sobre todo en el aeropuerto de Guadalajara, donde se recibe al menos una denuncia diaria. El director de GAP, Raúl Revuelta, advirtió que los pasajeros corren riesgos al subir a vehículos sin registro. En octubre se realizaron operativos conjuntos que retiraron varias unidades irregulares, demostrando que la coordinación entre federación, estados y autoridades aeroportuarias sí funciona cuando se aplica.
Sheinbaum reconoció que las tarifas autorizadas también resultan elevadas y que el diálogo con los prestadores del servicio continúa, aunque sin fecha fija para ajustes. El objetivo es evitar que viajeros, especialmente quienes llegan solos, terminen en manos de oportunistas.
Al final, el mensaje presidencial fue simple: cada quien atienda lo que le toca. Los estados con los taxis locales, la federación con los permisos nacionales, y los aeropuertos con la seguridad inmediata. Mientras tanto, los pasajeros pueden seguir esperando que la tarifa baje antes de que el próximo vuelo los lleve de regreso a casa.
