La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el 7 de octubre el decreto que exige nacionalidad mexicana exclusiva para quien aspire a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX a partir de 2028. Quienes tengan doble nacionalidad deberán renunciar a la segunda antes de registrarse como candidatos, según la reforma a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales.
La medida busca garantizar un compromiso único con el país. Los aspirantes no podrán adquirir otra nacionalidad durante su mandato ni usar pasaportes extranjeros ni invocar protección diplomática de otro Estado. En el caso de la CDMX, el artículo 122 establece que quien busque la Jefatura de Gobierno debe ser mexicano por nacimiento y, de tener otra nacionalidad, renunciar a ella previo al registro ante el INE. Igual requisito aplica para la Presidencia y las gubernaturas, donde además se mantiene la residencia mínima de cinco años y la edad de treinta años.
El Congreso tiene noventa días para ajustar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, mientras las entidades federativas armonizarán sus constituciones locales. El modelo impide que el cargo se convierta en plataforma para lealtades divididas y obliga a definir prioridades antes de solicitar la candidatura. Las reformas fueron aprobadas por el Senado, la Cámara de Diputados y veintidós legislaturas estatales.
Al final, gobernar México exige dejar claro de qué lado se está el pasaporte, sin medias tintas ni doble juego.
