La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones soltó la noticia de que más del noventa por ciento de las concesionarias de radio y televisión ya entregaron sus códigos de ética y nombraron a sus defensores de audiencia. Es como si de repente los medios decidieran jugar limpio después de años de comportarse como niños en una piñata rota. El plazo terminó el seis de noviembre y la mayoría llegó a tiempo, sin excusas de última hora.
Los lineamientos publicados en agosto de dos mil veintiséis en el Diario Oficial de la Federación obligan a cada estación a definir cómo atenderá quejas y qué principios editoriales seguirá. A partir del dieciséis de noviembre las defensorías ya pueden recibir reclamos directamente. La Comisión sigue revisando papeles, así que el porcentaje podría ajustarse un poco, pero el avance es claro. Las concesionarias comunitarias, indígenas y afromexicanas tienen hasta junio de dos mil veintisiete para cumplir, con apoyo directo del organismo para armar sus documentos sin apuros.
El chiste está en imaginar a un noticiero entero prometiendo no exagerar más titulares sensacionalistas mientras el público, por fin, tiene a quién llamar cuando la programación se pasa de lista. Las páginas oficiales de cada medio ya deben mostrar los datos de contacto de sus defensores, para que nadie tenga que buscarlos como aguja en pajar digital.
Al final, la medida convierte el derecho a quejarse en algo tan cotidiano como pedir la cuenta en un restaurante. Quien crea que un programa cruzó la línea ya sabe dónde tocar la puerta, y los medios tendrán que responder con algo más que un silencio incómodo.
