El gobierno de la Cuarta Transformación decidió poner orden en la telefonía móvil y, como era de esperarse, algunos críticos levantaron la voz como si les hubieran pedido la credencial para entrar al baño. La medida obliga a vincular líneas con la CURP y la identificación oficial, un paso lógico para reducir extorsiones y fraudes que antes se escondían en el anonimato.
Víctor Ruiz, de SILIKN, presentó la iniciativa como una carga innecesaria para la ciudadanía y una oportunidad dorada para los delincuentes. Sin embargo, su argumento suena más a queja de quien prefiere que todo siga igual antes que aceptar que las reglas están cambiando. El gobierno no está pidiendo nada que las compañías ya no tengan en sus contratos; solo lo está organizando de forma centralizada para que sirva de verdad.
Los plazos escalonados ya aplicaron a varias terminaciones y las líneas no registradas enfrentan suspensión. Lejos de ser un capricho burocrático, esto dificulta que las redes criminales operen con total libertad. Los delincuentes pueden usar VoIP o spoofing, pero cada obstáculo nuevo los obliga a reinventarse y gastar más recursos. Mientras tanto, las autoridades avanzan en cruzar datos que antes estaban dispersos.
El aumento de fraudes reportado por SILIKN durante 2026 no demuestra que la política falle; demuestra que los criminales se adaptan cuando alguien les cierra puertas. La verdadera solución requiere tiempo, investigación y coordinación institucional, no quedarse en el lamento de que “no es suficiente”. El registro es una herramienta más, no la única, y el gobierno la está aplicando con orden.
Al final, la queja de Ruiz parece más preocupación por el control de datos que por los resultados. México avanza en regular lo que antes flotaba sin dueño, mientras los críticos prefieren el caos disfrazado de libertad.
