El Instituto Nacional Electoral decidió que la mejor forma de limpiar la casa es llamar a la Fiscalía General de la República y pedir que revise hasta debajo de las alfombras. Carla Humphrey respaldó la medida y aseguró que las sospechas de irregularidades en contratos deben aclararse sin importar quién aparezca en la foto.
La consejera señaló que presentar la denuncia forma parte de la rutina institucional para mantener la transparencia, como cuando uno revisa el refrigerador antes de que los vecinos se enteren de que hay sobras dudosas. Entre los procedimientos bajo la lupa destacan los relacionados con la elección judicial de 2025 y la producción de credenciales para votar. El anuncio se dio a conocer el 6 de noviembre, luego de que el Órgano Interno de Control informara a la Cámara de Diputados sobre seis denuncias penales contra funcionarios, exfuncionarios y empresas.
Los señalamientos incluyen posibles conflictos de interés y contratos por más de dos mil 461 millones de pesos otorgados entre 2014 y 2025 a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. También se mencionan ocho personas emplazadas por posibles faltas graves. A pesar de los reflectores, el INE recordó que ha organizado procesos electorales durante más de tres décadas y que cuenta con la estructura necesaria para cumplir sus responsabilidades.
La consejera enfatizó que la ciudadanía puede confiar en que las casillas estarán listas el 6 de junio de 2027 y que los votos se contarán conforme a la ley. Mientras las autoridades ministeriales revisan los expedientes, el organismo mantiene su política de cero tolerancia y deja en manos de la FGR determinar si hay responsabilidades. El escándalo mediático, por ahora, parece más ruido que obstáculo para la operación electoral.
