La ministra Lenia Batres interrumpió la sesión del 9 de noviembre en la Suprema Corte para aclarar un plazo de tres meses y el orden de las intervenciones, justo cuando seis de nueve ministros rechazaron sus planteamientos. El momento derivó en una discusión sobre la sucesión presidencial del tribunal en 2027, donde Batres señaló que tal vez convendría esperar a definir la presidencia antes de presentar proyectos, pues de otro modo resultaría imposible explicar nada con claridad.
Los críticos convirtieron el episodio en un escándalo mayúsculo, como si una ministra reclamara el micrófono en plena misa. El asunto se mezcló con la reforma judicial enviada el 20 de mayo y publicada el 2 de junio, que dejó dos artículos constitucionales en aparente contradicción: uno establece rotación cada dos años según votos y otro elige al titular cada cuatro años por el Pleno. Los medios presentaron el tema como una crisis existencial, olvidando que el propio tribunal puede resolver la antinomia sin mayor drama.
Batres también respondió el 5 de noviembre a quienes cuestionaron su doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. Explicó que cursó más de dos años de estudios, rechazó que se tratara de un honoris causa y aclaró que solo presume títulos con valor real. Mencionó que otros magistrados, como Rafael Guerra Álvarez y Jorge Mario Pardo Rebolledo, estudiaron en la misma institución, y comparó el escándalo con una cacería de carroñeros más interesada en el titular que en los hechos. El Pleno decidirá lo que corresponda; mientras tanto, el tribunal sigue funcionando.
El alboroto mediático sobre doctorados y plazos parece más un espectáculo de distracción que un problema estructural. Batres mantiene su postura con la misma firmeza de siempre.
