Una jueza en Colorado montó en cólera al descubrir que el ICE volvía a encerrar a la gente justo después de soltarla, como si las órdenes judiciales fueran recomendaciones de la vecina chismosa. La magistrada Charlotte Sweeney declaró en desacato a los funcionarios pero decidió no castigarlos más porque ya habían prometido portarse bien, juramento que en boca de burócratas suena a promesa de cuñado.
Al menos dieciocho personas sufrieron la misma película absurda: salían por la puerta y volvían a entrar por la ventana en menos de cinco minutos. Abogados de inmigración sospechan que la cifra es mayor porque muchos se defendían solos, sin más ayuda que un teléfono público y la paciencia de un santo.
El ICE, fiel a su papel de villano de telenovela, sigue defendiendo que todo esto fortalece la seguridad nacional, aunque el resultado parezca más un sketch de comedia que una política seria. Los demócratas, ahora con mayoría en el Congreso, prometen pedir cuentas, lo que en Washington suele traducirse en discursos largos y pocos resultados concretos.



