Un juez llamado William Young, que en su día lo nombró Ronald Reagan, ha sentenciado que el Gobierno no puede obligar a los médicos a fingir que las personas trans no existen solo porque reciben dinero federal para tratar el VIH. La cosa suena a chiste de bar, pero va en serio.
Según la sentencia, las condiciones que impuso la Administración para el programa Ryan White pretendían castigar a quien usara pronombres o reconociera identidades de género. O sea, que si un doctor decía “ella” en vez de “él”, se quedaba sin pasta para atender a pacientes pobres con el virus. Young lo definió como un intento de suprimir “ideas peligrosas”, algo que viola la Constitución como si fuera un semáforo en rojo para la libertad de expresión.
Los demandantes, varias asociaciones médicas, explicaron que el programa lleva desde 1990 dando atención integral, incluida terapia hormonal cuando hace falta. Ahora la Administración de Recursos y Servicios Sanitarios quería que todo se ajustara a “realidad biológica” y nada de “experimentación social”. Los médicos respondieron que eso era como pedirle a un chef que cocine sin sal porque al jefe no le gusta el sabor.
El juez, en un tono que parece sacado de una película de abogados enfadados, recordó que discriminar por sexo también va contra la Quinta Enmienda. Trump firmó un decreto para reconocer solo dos sexos y las agencias lo convirtieron en norma de financiación. El resultado es que ahora un tribunal le ha dicho que no puede usar el talonario como látigo ideológico.
Al final, la historia deja un sabor agridulce: los fondos para el VIH siguen existiendo, pero el Gobierno ya no puede usarlos para jugar al policía del género. Los pacientes, mientras tanto, siguen necesitando pastillas y atención sin que un burócrata les revise el carné de identidad cada vez que piden un tratamiento.



