Bolivia atraviesa una disputa institucional después de la detención del fiscal general Roger Mariaca, ocurrida días después de que Estados Unidos le revocara la visa junto con las de casi 30 funcionarios latinoamericanos. Mariaca fue acusado por autoridades bolivianas de presuntamente encabezar una organización criminal dentro del Ministerio Público destinada a proteger actividades vinculadas con el narcotráfico. El Departamento de Estado estadounidense, por su parte, lo acusó de solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
Tras su arresto, Luis Montaño se presentó como fiscal general interino argumentando que le correspondía asumir el puesto por ser el fiscal de mayor antigüedad. Sin embargo, el vocero presidencial José Luis Gálvez desconoció esa designación y denunció una supuesta “usurpación de funciones”. La Asamblea Legislativa Plurinacional convocó posteriormente una sesión para analizar la situación del Ministerio Público y las consecuencias institucionales provocadas por la detención de Mariaca.
Washington respaldó públicamente el arresto. El secretario de Estado Marco Rubio y el subsecretario Christopher Landau expresaron su apoyo al Gobierno de Rodrigo Paz. Landau cuestionó además los modelos que separan a las fiscalías del Poder Ejecutivo bajo la figura de organismos independientes y contrastó esos sistemas con el estadounidense. Las declaraciones ocurren después de conversaciones entre representantes de ambos gobiernos sobre una posible nueva legislación boliviana destinada a facilitar inversiones estadounidenses en inteligencia artificial, energía verde, hidrocarburos y minería.
La crisis también se extendió a otros integrantes del Ministerio Público. Según medios locales, fueron detenidos los fiscales Rubén Aparicio, Alberto Zeballos y Martín Irusta, mientras el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, presentó su renuncia en medio de una búsqueda policial. Paralelamente, la senadora Ana Crispín lanzó una acusación, no demostrada en el texto, sobre supuestos pagos a diputados vinculados con el Escudo de las Américas, aumentando la tensión alrededor de una crisis que ahora involucra al Ejecutivo, Legislativo y Ministerio Público.
