Pedro Alliana, que hasta el viernes era vicepresidente, subió al sillón presidencial como quien hereda la herencia de un tío rico pero con deudas hasta el cuello. El Senado echó a Santiago Peña por un juicio político que olía más a enjuague que a justicia, todo por el cierre de Ueno bank, esa entidad que dejó congelados los ahorros de casi tres millones de paraguayos como si hubieran apostado todo en la ruleta del casino municipal.
Ariel Martínez volvió al Ministerio del Interior, cargo que ya había ocupado en tiempos de Cartes, como quien regresa al barrio después de un exilio voluntario. Rolando de Barros dejó el Ambiente para convertirse en jefe de Gabinete, mientras Juan Carlos Baruja pasa a Obras Públicas y Comunicaciones. El resto del equipo parece seguir igual, como los actores secundarios de una telenovela que nadie pidió pero que sigue al aire por inercia.
Peña terminó con prisión preventiva después de que el banco se fuera a pique como un asado mal hecho en el que todos terminan quemados. Jubilados del IPS, organismos públicos y miles de ahorristas quedaron sin poder tocar su plata, y la Fiscalía lo acusa de lesión de confianza y de haber administrado en beneficio propio, como si el banco fuera su cuenta personal para gastos de representación.
Alliana ya salió a decir que mantendrá la relación con Estados Unidos, como quien promete que el asado del domingo no se va a cancelar aunque falte la carne. Mientras tanto, el nuevo gobierno tiene que resolver el lío financiero antes de que los afectados salgan a la calle con pancartas más grandes que las de un clásico de fútbol.
Antonio Barrios juró como vicepresidente por el mecanismo de sucesión, completando el período hasta agosto de 2028. Paraguay sigue su curso, con un presidente nuevo, un banco cerrado y una crisis que promete más capítulos que una serie de Netflix pero sin final feliz garantizado.
