Los bonistas observan con escepticismo la posibilidad de que un Congreso dividido vuelva a contener el despilfarro fiscal de Estados Unidos como ocurrió en otras décadas. Las encuestas apuntan a que los demócratas podrían arrebatar al menos una cámara al Partido Republicano tras las elecciones del 3 de noviembre, pero sin lograr los votos necesarios para anular el veto de Donald Trump. Históricamente, esa parálisis legislativa bajaba los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años un mes y un año después de los comicios.
Esta vez el panorama parece distinto. El déficit federal ronda el seis por ciento del producto interior bruto, una cifra poco habitual fuera de recesiones. La deuda pública supera los treinta y dos billones de dólares y los intereses anuales ya rebasan el billón de dólares, más que el presupuesto de defensa. Los inversores consideran que limitarse a no aprobar nuevos gastos ya no basta para tranquilizarlos.
Los rendimientos de los bonos a diez años rozan el cinco coma cuatro por ciento, el nivel más alto desde dos mil dos. Esa subida encarece las hipotecas y enfría el mercado inmobiliario. Los gestores de carteras advierten que dos años de estancamiento legislativo seguirán aumentando la deuda sin tocar el problema de fondo.
Expertos del sector señalan que el mercado necesita medidas concretas para controlar el gasto o aumentar ingresos. De lo contrario, las subastas del Tesoro seguirán cerrando con tipos elevados. La avalancha de emisiones públicas compite además con las ventas de bonos corporativos para financiar el auge de la inteligencia artificial.
Algunos analistas recuerdan que en dos mil veintidós, tras otro resultado dividido, los rendimientos bajaron temporalmente antes de repuntar por la inflación. Ahora temen que la falta de acción política deje el problema en manos del propio mercado de bonos. La conclusión que circula es que sin vigilantes del gasto, las tasas seguirán subiendo y nadie saldrá indemne.
