La comitiva judicial irrumpió en Mburuvicha Róga con la misma delicadeza de un cuñado borracho en la fiesta de fin de año. Buscaban pruebas del caso Ueno Bank, ese escándalo que dejó a casi tres millones de paraguayos mirando el celular como quien espera que el WiFi funcione sin pagar la factura.
El expresidente Santiago Peña ya está en prisión preventiva, imputado por lesión de confianza y por administrarse el bolsillo como si fuera el cajero automático de la casa. La Fiscalía calcula que el agujero podría costarle hasta quince años de reclusión, tiempo suficiente para aprender guaraní de verdad y no solo las groserías.
En allanamientos anteriores ya revisaron su mansión particular y abrieron una bóveda oculta que resultó más vacía que el botellero después de una reunión de consorcio. Ahora le tocó el turno a la residencia oficial, mientras en paralelo detenían al superintendente de Bancos y encontraban cajas fuertes escondidas hasta en el baño del CEO de Ueno. Porque cuando el dinero desaparece, hasta el inodoro se vuelve sospechoso.
El ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo, también está metido hasta el cuello. Renunció el mismo día que anunció la intervención del banco y se presentó ante la Justicia con la misma cara de quien deja la heladera sin hielo en pleno verano. Entre los tres acumulan imputaciones por documentos falsos, provecho propio y la clásica jugada de “yo no fui, fue el otro”.
Mientras tanto, los clientes del banco siguen sin poder tocar sus ahorros, convertidos en extras de una película de terror financiero donde el final todavía no se escribe. La investigación sigue con más allanamientos, más documentos incautados y la certeza de que, en Paraguay, hasta el tereré puede terminar siendo prueba judicial si lo revuelven lo suficiente.
