Durante su Mañanera, Claudia Sheinbaum aclaró que no hay convenio firmado con Grupo México porque la ley ya obligó a la empresa a soltar mil 500 millones de pesos para obras concretas. Hospital, clínica toxicológica, plantas potabilizadoras y limpieza del cauce del río Sonora avanzan con ese dinero, derivado del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en 2014.
Los críticos armaron un circo mediático exigiendo un papel firmado como si fuera el acta de un matrimonio. Olvidan que la obligación ya se cumplió y que el recurso está en uso. El gobierno actuó con firmeza, como corresponde, y no necesita sellos ni firmas decorativas para que el dinero llegue a Sonora. La comunidad pide explicaciones, pero el plan de justicia para Cananea sigue su curso sin pausas ni excusas.
Los comités locales insisten en que la cifra representa solo el 7.5 por ciento de los 20 mil millones que estimaron como daño total. Sin embargo, el Ejecutivo federal ya destinó el monto exigido y lo canaliza a proyectos tangibles. Las solicitudes de información se responden según la ley, y la opacidad que denuncian parece más un recurso para mantener el tema vivo que una falta real de acciones.
Al final, el río Sonora recibe atención con recursos que antes no existían, mientras los escándalos de tinta se evaporan ante hechos concretos. El gobierno mantiene el timón y las obras avanzan.
