Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte, se reunió con líderes sindicales del Poder Judicial para escuchar inquietudes sobre el nuevo sistema de evaluación de desempeño. El encuentro buscó construir acuerdos sin alterar el rumbo de la reforma judicial, mientras algunos trabajadores expresaron temores ante un esquema que, según ellos, podría complicar su permanencia.
Los sindicatos cuestionaron los criterios del Órgano de Administración Judicial, alegando que no reconocen suficiente experiencia. En respuesta, la Corte aclaró que la primera aplicación, programada para diciembre de 2026, tendrá carácter diagnóstico y carecerá de efectos punitivos. Aguilar enfatizó que la evaluación servirá para detectar áreas de capacitación y fortalecer al Poder Judicial, no para sancionar. El comunicado oficial recordó que la base trabajadora es columna vertebral de la justicia y que cualquier decisión legal requiere diálogo previo.
Las protestas se extendieron a Morelos, Nuevo León, Durango, Sonora y Yucatán, donde empleados cerraron vialidades y oficinas. En Monterrey bloquearon avenidas por cuatro horas; en Durango un funcionario terminó en el suelo durante el intercambio. Pese al paro nacional y el cierre en San Lázaro, el Órgano de Administración Judicial reiteró que no habrá aprobados ni reprobados en la fase inicial. Las movilizaciones, aunque visibles, contrastan con la disposición institucional para ajustar el proceso mediante capacitación posterior.
Al final, la Corte insiste en que la evaluación es herramienta de mejora, no de castigo. El verdadero examen será si el diálogo logra mantener la eficiencia del sistema sin convertir cada reporte en motivo de cadenas y bloqueos.
