La historia de Dilma Rousseff sigue dando pesadillas en el equipo de Lula. Tras ganar en 2014 prometiendo defender el gasto, ella aplicó recortes y nombró un ministro promercados, lo que derivó en caída de popularidad y destitución dos años después. Ahora, a sus 81 años, el presidente actual decide que mejor ir despacio antes que jugarse el mandato repitiendo ese error.
Los planes en discusión buscan un superávit primario del 1,5 por ciento del producto interior bruto al final de los cuatro años. Esa meta queda lejos de lo que exigen los inversores, que piden congelar el salario mínimo real y limitar el crecimiento del gasto público. Lula prefiere un ajuste gradual que no toque los programas sociales.
Sus asesores aseguran que un giro fiscal abrupto socavaría la plataforma que lo devolvió al poder y alejaría a sus votantes. El mandatario tampoco quiere terminar su último mandato acusado de traición electoral, el mismo cargo que le endilgaron a Rousseff cuando endureció las cuentas tras la campaña.
El gobierno debate ampliar la parte del presupuesto sujeta a congelaciones para tener más margen de maniobra. También busca mejorar la eficiencia de los programas sociales y frenar gastos que superan el marco fiscal actual. El déficit nominal ronda el 10 por ciento del PIB y la deuda pública marca récords.
Los mercados reaccionaron con pánico tras la victoria: el real se debilitó, el Ibovespa cayó y las tasas de los swaps se dispararon. Entre los nombres que circulan para Hacienda aparece Rafael Fonteles, gobernador de Piauí, visto como figura disciplinada que podría calmar a los inversores sin abandonar la agenda de Lula.
