El Estado de Derecho se derrumba como un pastel mal horneado en el 62 por ciento de los 143 países evaluados por el World Justice Project. Las libertades básicas se encogen más rápido que un suéter en agua caliente y los gobiernos meten las manos donde no les llaman. El informe señala que los controles judiciales y la participación ciudadana se debilitan sin piedad en la mayoría de los lugares.
Las encuestas a más de 215 mil hogares revelan que la libertad de expresión cayó en el 64 por ciento de los países, la de reunión en el 67 por ciento y la participación cívica en el 65 por ciento. Los ejecutivos empujan a los jueces como si fueran fichas de dominó y la justicia civil se resquebraja en el 64 por ciento de las naciones. Nadie parece dispuesto a soltar el timón aunque el barco ya haga agua.
Dinamarca lidera con 0,90 puntos, seguida por Noruega, Finlandia, Suecia y Luxemburgo, que parecen vivir en otro planeta donde las leyes todavía funcionan. Estados Unidos bajó tres puestos hasta el lugar 30, mientras Venezuela repite como último lugar con solo 0,26 puntos por segundo año seguido. Afganistán, Haití y Nicaragua tampoco salen del fondo del pozo.
Brasil registra la segunda mayor mejora mundial en tres años y Guatemala avanza gracias a una justicia civil que por fin parece menos caprichosa. Uruguay encabeza la región en el puesto 22 global, seguido por Costa Rica y Chile, mientras México se queda en el 125 con 0,39 puntos y Bolivia cierra cerca del sótano.
Los países con mejor Estado de Derecho también presumen mayor prosperidad y menor riesgo crediticio, como si el orden fuera un imán para el dinero. Cuando las instituciones fallan, hasta las empresas pierden la confianza y el mercado se pone más nervioso que un gato en una licuadora. El informe deja claro que sin límites al poder, hasta la economía acaba pagando la cuenta.
