En un arranque de eficiencia que no se veía desde que tu mamá te ordenaba el cuarto en cinco minutos, el Senado chileno se dio palmaditas en la espalda al aprobar una ley que convierte la expulsión de extranjeros en un deporte de alta velocidad. Con 37 almas a favor y una que seguro estaba buscando el control remoto, el Ejecutivo ahora tiene la varita mágica para hacer desaparecer a quienes se pasaron de listos con las reglas del juego.
El ministro José García Ruminot, con la solemnidad de quien presenta una nueva licuadora en un infomercial, explicó que la cosa antes era un enredo de padre y señor mío. «Había dificultades, un papeleo que ni para pedir un crédito hipotecario. Pero ahora, gracias a una comisión mixta que trabajó más unida que familia en Navidad, tenemos un sistema que agiliza todo», declaró, probablemente conteniendo las ganas de gritar «¡Y si llama ahora, le incluimos un juego de cuchillos!».
La joya de la corona de esta nueva normativa es que la Policía de Investigaciones (PDI) ya no tendrá que jugar a las escondidas con las manos atadas. Ahora podrán pedirle permiso a un juez para entrar a la casa donde se esconde el nominado a la expulsión, como si fuera un allanamiento para buscar el último calcetín perdido. El juez tendrá 24 horas para decir «adelante, pasen a tomarse un cafecito», dándole un toque de drama judicial a la búsqueda del tesoro. Además, el Servicio de Migraciones se convierte en el chismoso oficial del barrio, pudiendo pedir datos a todo el mundo para ubicar a los susodichos, aunque con ciertas reglas: nada de preguntar en el hospital si alguien tiene pie de atleta ni en la escuela si reprobó matemáticas.
Pero espere, ¡aún hay más! Si antes tenías diez días para lloriquear ante un juez y apelar tu expulsión, ahora el cronómetro se reduce a cinco. ¡Más rápido que un pedido de comida rápida! Y lo mejor de todo: presentar el reclamo ya no detiene el proceso. Es como gritar «¡pero no vale!» mientras ya te están sacando de la cancha con tarjeta roja en mano. La apelación se convierte en un saludo a la bandera mientras el avión calienta motores.
Para rematar, se amplían las razones para ganarse un boleto de ida sin vuelta, incluyendo «afectaciones graves al orden público», una categoría tan amplia que podría incluir desde una protesta hasta poner reguetón a todo volumen a las tres de la mañana. El castigo de no poder volver sube de tres a cinco años y, para que no haya dudas, la orden de expulsión tendrá la misma fecha de caducidad que un Twinkie: nunca. En resumen, la burocracia ha desbloqueado un nuevo nivel de eficiencia, y ahora la frase «la casa se reserva el derecho de admisión» se aplicará con la velocidad de un repartidor en moto.
