En las tierras de los canguros y los koalas, el gobierno ha decidido que ya basta de hacer el papel de niñera de lujo para las grandes empresas tecnológicas. La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, anunció con la misma alegría que quien cancela una cita con el dentista, que planean llevar a juicio a Facebook, TikTok y otras plataformas por, presuntamente, dejar que menores de 16 años anden de fiesta en sus redes sociales, a pesar de tenerlo prohibido.
La ley es más clara que el agua de un cenote: prohibido el acceso a menores de 16 años. Sin embargo, parece que los controles de edad de Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube son tan efectivos como un paraguas en un huracán. Según un informe del propio organismo regulador, la mayoría de los menores pueden crear o mantener sus cuentas sin que nadie les pregunte nada más complicado que si prefieren el helado de chocolate o de vainilla.
Cuando le preguntaron a la ministra Wells si de verdad iban a demandar a estos cinco gigantes, su respuesta fue un «sí» tan contundente que probablemente hizo temblar las oficinas de Silicon Valley. Básicamente, es el equivalente gubernamental de un «¡ya verás cuando lleguemos a casa!» que promete consecuencias serias, o al menos un buen regaño en un tribunal federal.
Para que se note que no van de farol, el gobierno australiano duplicó la multa máxima por hacerse los suecos, llegando a la friolera de 109,2 millones de dólares australianos. Una suma que para usted y para mí es una vida entera, pero que para Meta probablemente es lo que se gastan en galletitas para la oficina en un mes. Aún así, la amenaza está sobre la mesa como una cuenta de restaurante imposible de pagar.
Y para asegurarse de que nadie se esconda, le han dado superpoderes a la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant. Ahora puede exigir documentos y citar a empleados como si fuera la directora de la escuela llamando a los alumnos más traviesos a su oficina. Se acabó el recreo, muchachos, la comisionada está preparando su caso con todos los juguetes nuevos que le dio el gobierno.
Mientras tanto, los portavoces de las empresas tecnológicas han respondido con el mismo entusiasmo que un adolescente al que le piden que limpie su cuarto: un silencio atronador. La ministra insiste en que «las plataformas están fallando, no la ley», y que no dudarán en pedir cuentas. Habrá que ver si la amenaza de castigo los hace portarse bien o si simplemente pagarán la multa como quien paga por no ir a la cárcel en el Monopoly.
