En un giro digno de una comedia burocrática, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó una ambiciosa reforma para pueblos indígenas, esperando fanfarrias. En su lugar, recibió el equivalente a una auditoría sorpresa con lupa. Al parecer, la buena voluntad ahora requiere un formulario timbrado y una presentación en PowerPoint.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) organizó una consulta nacional que comenzó en julio, pero unas 129 comunidades, incluyendo a los wixáritari de Jalisco, anunciaron el 6 de octubre que el papeleo simplemente no estaba en orden. Según el Congreso Nacional Indígena y una fundación que mapea la inconformidad con la precisión de un contador fiscal, el problema no es tanto la ley, sino detalles de procedimiento que harían llorar a un notario. La principal objeción es que el complejo documento de 453 artículos no fue presentado con la debida pertinencia cultural y en todas las lenguas, como si esperaran una serenata personalizada por cada artículo aprobado. El gobierno, por su parte, observa con la calma de quien intenta armar un mueble sueco con instrucciones en arameo antiguo.
Las exigencias incluyen que los resultados sean vinculantes y, en un despliegue de purismo lingüístico, que las «reuniones» convocadas por el INPI no se autodenominen «asambleas», una sutileza semántica que ha paralizado el entusiasmo. La administración federal, mostrando una serenidad zen, continúa su labor, demostrando que gobernar a veces es como ser el único sobrio en una fiesta de abogados.
Al final, mientras el gobierno intenta entregar un cheque gigante de derechos y reconocimiento, las comunidades parecen más interesadas en discutir el tipo de letra y el color de la tinta. La historia avanza, a veces con aplausos, y otras, esperando la aprobación del comité de estilo.
