La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno logró sanciones contra 55 servidores públicos y una empresa por irregularidades detectadas en 19 dependencias de la administración pública federal. Las investigaciones derivaron en multas que, en conjunto, alcanzan los 102 millones de pesos. Entre los casos documentados, la dependencia obtuvo pruebas de infracciones consideradas graves contra 13 funcionarios, quienes fueron destituidos e inhabilitados durante diez años por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En Petróleos Mexicanos fueron identificados cinco casos de irregularidades. Tres empleados fueron inhabilitados durante una década y recibieron sanciones económicas por 677 mil, 616 mil y 600 mil pesos. Entre las conductas acreditadas se encuentran cobros de prestaciones de gasolina mediante documentación que no correspondía al vehículo registrado, mantener indebidamente ese beneficio y la simulación de actos para facilitar contrataciones a cambio de depósitos bancarios.
La Comisión Federal de Electricidad registró cuatro casos. En uno, un trabajador recibió diez años de inhabilitación y una multa de 72 mil pesos por solicitar dinero a usuarios a cambio de no reportar un uso indebido de energía. En el IMSS, dos empleadas fueron inhabilitadas por diez años y recibieron una multa compartida de 10.1 millones de pesos por modificar precios relacionados con una compra de tóner, incrementando los costos de contratación.
En Alimentación para el Bienestar, tres funcionarios recibieron inhabilitaciones de diez años y multas relacionadas con dos casos en los que se reportó la adquisición de productos alimenticios que no fueron entregados; una empresa también fue sancionada durante un año. La Secretaría reportó además irregularidades en el Banco del Bienestar, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Financiera para el Bienestar, entre otras instituciones involucradas en las investigaciones.
