El gobierno de Claudia Sheinbaum aprobó para el próximo año una inversión física de 1.03 billones de pesos, apenas 3.5 por ciento más en términos reales. Sin embargo, ese monto se queda corto frente a los 1.55 billones que se prevén de requerimientos financieros del sector público. El agujero fiscal, otra vez, resulta más grande que el dinero destinado a carreteras, trenes y energía.
La inversión en infraestructura representará 2.6 por ciento del producto interno bruto. Esa cifra queda muy lejos del máximo histórico de 4.52 por ciento registrado en 2014. Medido por habitante, el gasto bajará a 7 mil 582 pesos, casi 40 por ciento menos que lo que se destinaba hace trece años.
Las agencias calificadoras ya enviaron señales claras. HR Ratings bajó la nota de la deuda a BBB, Moody’s la colocó en el último escalón del grado de inversión y Standard & Poor’s cambió su perspectiva a negativa. Todas advierten que la consolidación fiscal avanza demasiado lento y que el déficit sigue por encima de 3.9 por ciento del PIB.
El Plan de Infraestructura promete movilizar recursos públicos y privados sin poner en riesgo las finanzas. Aun así, rubros como carreteras, energía y protección ambiental sufren recortes, mientras que solo el ferrocarril recibe un impulso notable. El resto de la inversión pública se mantiene por debajo de lo necesario para sostener productividad y conectividad.
México entra en su tercer año de intento por reducir el déficit tras el récord de 2024. Las calificadoras insisten en que, si no se acelera el ajuste, el país podría perder el grado de inversión. Por ahora, el gobierno asegura que mantiene el equilibrio entre gasto social, inversión y control del endeudamiento, aunque las cifras muestran que el margen sigue siendo estrecho.
